El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció esta tarde la entrada en vigencia desde el 1 de enero de un plan básico universal obligatorio para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, conexión fija a internet y tv por suscripción. Según informó el mismo esta  destinado a unos diez millones de personas de bajos ingresos.

El mismo, según preciso busca que todos puedan acceder a los servicios. Por lo que en el caso de telefonía móvil tendrá un precio de $150 bajo el sistema prepago; mientras que en la telefonía fija será de $380 por mes. A este plan básico universal y obligatorio podrán acceder jubilados y  pensionados con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos.

También podrán beneficiarse los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, lo mismo será para quienes perciban la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo. A su vez, será para quienes posean pensiones no contributivas con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, Monotributo Social, trabajadores y trabajadoras monotributistas inscriptos e inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos salarios mínimos y seguro de desempleo.

El plan de precios de los servicios de comunicación que hoy son considerados esenciales tendrá como beneficiarios del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares, usuarios y usuarias que perciban una beca del Programa Progresar, personas desocupadas o en la economía informal, y de programas sociales, en todos los casos incluidos sus hijos de entre 16 y 18 años.

Por su lado los clubes barriales y de Pueblo que estén registrados, como así también las asociaciones de Bomberos Voluntarios registrados, entidades de Bien Público sin fines de lucro y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal podrán acceder y tener los servicios con el monto establecido como universal.

Según lo indicado esta prestación es una señal de las políticas públicas dirigidas a sostener loa equidad en cuanto a la obtención de servicios esenciales para los argentinos. El Gobierno Nacional considera que esta es una medida inclusiva y necesaria para la comunidad.