El impuesto a la riqueza fue declarado inconstitucional por la Justicia Federal de Correines, que lo consideró "una medida impositiva confiscatoria". Se trata de la medida que fue impulsada por el oficialismo en un contexto de pandemia que fue aprobado por el Congreso a fines del 2020.

De acuerdo con el juez Gustavo Corazón Fresneda esta medida viola las "garantías y principios constitucionales". De esta manera, el magistrado hizo lugar al amparo presentado por Manuel Ulises Intra contra la AFIP, y argumentó que la ley viola del derecho de propiedad; principio de no confiscatoriedad; principio de razonabilidad y de capacidad contributiva.

Uno de sus principales argumentos fue que el impuesto se implementó como un tributo y no como un porte sobre la renta del perjudicado, que "sería de 118.658,78%".

Con una prueba pericial contable, Intra fundamentó que el pago del “aporte solidario” superaba de forma holgada las rentas que hubiera tenido que pagar el contribuyente en todo el año. El gravamen provocaría una “manifiesta inadmisible absorción de la renta y el patrimonio, ya gravados por Ganancias y Bienes Personales, excediendo los límites razonables de imposición y resultado confiscatoria y violatoria del derecho a la propiedad a la luz de la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señaló en el fallo.

El Gobierno nacional esperaba recaudar cerca de 400 mil millones de pesos, pese a esto, para diciembre de 2021 la AFIP informó que se pudo recaudar solo un 60% de lo esperado ($237.300 millones).