Este martes el staff de Fondo Monetario Internacional aprobó la revisión de la primera etapa del programa de facilidades extendidas que se había firmado en marzo de este 2022, por la refinanciación de la deuda de US$45.000 millones de dólares contraída con el organismo por el gobierno de Mauricio Macri.

“Se han cumplido todas las metas cuantitativas del programa del primer trimestre de 2022”, indicó el comunicado del organismo difundido esta noche desde Washington.

Esta manera el gobierno y los técnicos llegaron a un acuerdo sobre la el cumplimiento de la primera auditoría, cuya resolución deberá pasar por la junta desde la liberación de un segundo desembolso u$s4.030 millones que estaba previsto en los próximos días para pagar vencimientos de la deuda.

También se ratificaron los objetivos anuales establecidos en el acuerdo, específicamente los relacionados con el déficit fiscal primario. “Tal enfoque que proporcionan ancla para la estabilidad económica y el crecimiento en tiempos de incertidumbre”, remarcaron en el comunicado del FMI.

La próxima revisión está prevista para fines de junio, cuyo cumplimiento estará atado ala al cumplimiento de la meta inflacionaria prevista, teniendo en cuenta la escalada de los precios en los últimos meses en el país. Inflación que también tuvo su componente externo por el aumento de los precios internacionales a partir de la guerra en Ucrania.

“Se prevé que el impacto externo asociado con la guerra en Ucrania tenga un impacto limitado en el crecimiento y la balanza de pagos de Argentina este año, pero, como en la mayoría de los demás países, los precios mundiales más altos de las materias primas ya han provocado una inflación más alta”, alertó el comunicado.

De acuerdo con el organismo “al abordar el impacto del shock, las autoridades argentinas se comprometen a implementar políticas para alcanzar los objetivos anuales del programa de déficit fiscal primario, financiamiento monetario y acumulación de reservas”.

De manera que el gobierno argentino ratificó el compromiso de cumplir con la meta fiscal de reducir el gasto público del 2,5% al 1% del PBI como estaba previsto en el acuerdo.