Ana Carrizo, abogada y Secretaria General del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), expuso su análisis  en Cien por Hora, sobre las recientes reformas laborales conocidas como la "Ley Bases". Carrizo subrayó que estas reformas favorecen principalmente a los empleadores y plantea varios puntos de preocupación sobre los derechos de los trabajadores.

"La reforma laboral beneficia al empleador," afirmó Carrizo. "La Ley Bases tiene impactos significativos en las relaciones laborales. Uno de los aspectos más controversiales es la condonación de deudas para los empleadores que regularicen trabajadores no registrados o deficientemente registrados. Esto incluye perdonar todas las deudas por aportes, tanto capital como intereses, que tengan su origen en la falta de contribuciones previsionales o sociales."

Carrizo explicó que esta condonación abarca una amplia gama de deudas: "Se liberará del pago de deudas a aquellos que hayan mantenido empleados en negro o parcialmente registrados, lo que prácticamente premia a quienes han explotado a sus trabajadores. La falta de aportes previsionales no es un impuesto, es nuestro salario diferido," argumentó.

"Esto afectará nuestras futuras jubilaciones.", dijo. 

Además, la ley limita el reconocimiento de trabajo no registrado a un máximo de 60 meses. "Si alguien ha trabajado 10 años en negro, solo podrá acreditar hasta 5 años para efectos previsionales, y siempre en función de un salario mínimo, lo que resulta en una pérdida para el trabajador," indicó Carrizo.

La reforma también extiende los períodos de prueba. "Actualmente, la Ley de Contrato de Trabajo establece un período de prueba de 3 meses. Ahora, este período se ampliará a 6 meses como mínimo, y puede extenderse hasta 8 meses para empresas con hasta 99 empleados, y hasta un año para empresas con menos de seis trabajadores. Esto no promueve el empleo, sino que facilita los despidos," criticó.

Otro punto controvertido es la creación de un fondo de cese laboral. "Este fondo es sustitutivo de la indemnización por despido. Los empleadores podrán aportar a una aseguradora para financiar futuras indemnizaciones, similar a cómo funcionan las ART. Como resultado, los trabajadores tendrían que reclamar a una empresa distinta a su empleador," explicó Carrizo.

Carrizo concluyó señalando que estas reformas representan un retroceso en los derechos laborales y un beneficio desproporcionado para los empleadores. "Estas medidas no están orientadas a proteger al trabajador, sino a facilitar el despido y reducir costos para los empleadores," advirtió.