El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Tomás Massa, dispuso un fuerte recorte del gasto político en la Cámara baja con el objetivo de destinar más fondos a la lucha contra la pandemia de coronavirus, que ya produjo 56 muertos en la Argentina. Según detallaron fuentes parlamentarias, se oficializará en las próximas horas una decisión administrativa que permitirá ahorrar $40 millones por mes en concepto de pasajes que utilizaban los asesores y otras gastos que no son esenciales para el funcionamiento del cuerpo. La medida estará vigente por al menos cinco meses y eso le permitirá a la Cámara destinar cerca de $200 millones al sistema sanitario.

De forma paralela, los diputados parlamentarios tendrán la libertad de disponer de sus dietas como lo crean conveniente. Un ejemplo es el de la diputada nacional, Graciela Camaño, quien adelantó que donará el 100% a la Fundación del Padre Pepe. Otros dirigentes adoptaron decisiones similares y destinarán los fondos a hospitales de sus respectivas provincias.

La medida surgió luego de algunas protestas sociales que le exigía un gesto a la política en medio de los esfuerzos que realiza el sector privado para mantener empleos y no interrumpir la cadena de pago. Los $40 millones mensuales serán distribuidos a las provincias a través de los presidentes de los bloques y se estima, que permitirá destinar al sistema sanitario el doble de recursos que en un principio se había proyectado con un posible recorte de las dietas.

En tanto, continúa el debate político sobre diversas iniciativas para atenuar el impacto económico de la cuarentena total dispuesta por el presidente Alberto Fernández. El lunes, Infobae, reveló que Máximo Kirchner instruyó al diputado Carlos Heller para trabajar en diversas iniciativas. Una de ellas estaría dirigida a los legisladores con patrimonio superior a los $20 millones. Otro de los proyectos podría fijar límites a la rentabilidad de los supermercados, algo que fue criticado por Alfredo Coto y por otros empresarios que viven una situación compleja.

La oposición también impulsó una batería de medidas para paliar la situación económica. El bloque de Diputados del PRO, conducido por Cristian Ritondo, confeccionó un paquete de cinco proyectos de ley. Las iniciativas prevén eximir del pago del monotributo para todas las categorías durante abril, mayo y junio; un plan de pago para los contribuyentes que acrediten una reducción del 30% de sus ingresos en los últimos seis meses, suspensión de las ejecuciones fiscales y reducción del anticipo de Ganancias “a partir del próximo vencimiento de la obligación”; la devolución del impuesto “PAIS”, el recargo para los viajes al exterior para los argentinos varados en cualquier lugar del planeta por el cierre de las fronteras; créditos bancarios destinados al “sostenimiento del empleo y la normalización de la cadena de pagos”; la ampliación del programa REPRO para aquellos empleadores que demuestren una reducción “sustancial” en sus ingresos del 30% en los últimos seis meses, y la reducción del 30% en los sueldos de los funcionarios de los tres poderes, una iniciativa que Juntos por el Cambio ya había pedido al jefe de Estado a través de una carta enviada la semana anterior.

Massa recortó sueldo de diputados para destinar fondos a la Salud Pública

La Coalición Cívica presentó la semana pasada un proyecto para crear un Fondo de Reparación Económica destinado a cuentapropistas y monotributistas. El texto insta al Poder Ejecutivo a disponer de una línea de créditos a tasa cero de hasta $30.000 para monotributistas de las categorías A a la D, y de hasta $60.000 para el resto de las categorías.

La UCR, en tanto, había presentado en los últimos días un proyecto para que los trabajadores sean eximidos de la contribución a los aportes sindicales por 180 días, con la colocación de un tope. El texto, de los diputados Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Federico Zamarbide, del radicalismo mendocino, establece “la eliminación del artículo 38 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, que establece que los empleadores están obligados a actuar como agente de retención de los importes que los trabajadores destinan a los gremios”. Pamela Verasay había presentado una iniciativa similar en el Senado.

“Resulta imprescindible incrementar aquellos esfuerzos colectivos e intersectoriales en coherencia con las medidas tanto sanitarias como económicas que se toman en el marco de una situación de excepción, y ello requiere reducir todas aquellas obligaciones que no sean imprescindibles y hagan aún más gravosa e insostenible la finalidad de preservar los puestos de trabajo y la integridad de las remuneraciones”, fundamentaron los diputados en el proyecto de ley.Resaltaron, además, que el aporte solidario “será de una cuota anual y no podrá superar el medio punto porcentual, 0,5% del salario bruto del trabajador del mes en el que se deba cumplir con dicha obligación”. El texto señala los casos de los empleados de comercio y de los camioneros, que aportan 2,5% y 3%, respectivamente, en las remuneraciones mensuales de los afiliados a dichos gremios.