Las intenciones del Gobierno de habilitar el pago del transporte público con tarjetas de débito, crédito y celulares generó un amplio debate sobre su implementación y sus implicaciones. Si bien la iniciativa fue bien recibida, surgieron importantes preguntas sobre cómo se llevará a cabo y qué impacto tendrá en el sistema actual de pago.

La propuesta surge en un contexto de dificultades experimentadas por los pasajeros al cargar saldo en la SUBE y registrarla, con escasas opciones de atención y terminales automáticas para realizar la carga virtual.

Según lo anticipado desde el Gobierno, los dispositivos se ubicarían en colectivos, estaciones de trenes y subtes para que los pasajeros puedan pagar el boleto con cualquier tarjeta bancaria o mediante código QR desde el celular, sin exclusividades de ningún tipo.

Javier Bolzico, presidente de ADEBA, destacó la importancia de esta iniciativa y mencionó que sistemas similares ya se utilizan en otros países de la región.

Sin embargo, surgieron dudas sobre cómo se manejarán los controles y los subsidios. Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, sostuvo que la tarjeta SUBE debería seguir funcionando con todos sus beneficios, pero otras fuentes plantearon interrogantes sobre la implementación y el control de las operaciones de pago.

Otra preocupación se centra en quién manejará los datos de los usuarios, ya que la dispersión de medios de pago podría comprometer la privacidad de millones de usuarios.

Además, se señaló el costo de adquisición e instalación de nuevos equipos como un desafío a tener en cuenta, así como las dudas sobre las comisiones que se aplicarán y cómo funcionará el sistema en lugares con poca señal.

Si bien la propuesta ofrece nuevas posibilidades de pago y abre la competencia en el sistema, aún quedan interrogantes por resolver sobre su implementación y sus implicaciones para los usuarios y las empresas de transporte.