El DNU que emitió el Gobierno para desregular el Estado y su intervención en las actividades económicas, presenta la derogación de una de las leyes del sector vitivinícola: ‘Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola’, mencionó el presidente Javier Milei en la cadena nacional.

La letra chica del decreto presidencial señala que ‘varias industrias deben soportar el peso de una excesiva regulación, como ocurre con la industria vitivinícola, por lo que resulta adecuado derogar la Ley N° 18.600 de contratos de elaboración de vinos, la Ley N° 18.905 de política vitivinícola nacional y la Ley N° 22.667 de reconversión vitivinícola’, eliminando leyes de contratos.

Esto implica que la intervención del Estado desaparecerá al momento de establecer medidas entre los viñateros y los bodegueros, por lo que deberán acordar como dos partes libres y dándole lugar al sistema de gobierno libertario que impulsa el gobierno nacional.

Ante este marco, el Estado ya no podrá llamarle la atención a las bodegas en relación en materia de relaciones cuando el más chico (pequeño productor o viñatero) debe ir a negociar con el grande bodeguero.

Además, otro de los asuntos que no regulará el gobierno es la intervención en el precio de la uva, con la disputa de siempre que las grandes bodegas pretenden pagar lo menos posible y los viñateros pelean por cada centavo que puedan conseguir para aumentar el precio.

Otro de los aspectos serán los cupos, ya que la eliminación del SIRA permitirá el ingreso de vino desde afuera de la Argentina, algo que los viñateros ya sufrieron cuando en la administración de Mauricio Macri se permitía el ingreso de vino a granel desde Chile.

Por ahora es lo que se conoce y deberá aguardarse a las próximas horas que se vayan conociendo más detalles o ajustes que puedan ir teniendo las medidas, de acuerdo a los impactos en las economías regionales.