A tres meses de haber asumido el poder, el gobierno encabezado por Javier Milei y sus ministros están llevando a cabo relevamientos exhaustivos, auditorías y sumarios para evaluar el estado en que encontraron al Estado en distintas áreas. Entre los hallazgos se destacan irregularidades en la gestión de fondos y recursos en diferentes organismos, algunas de las cuales han trascendido públicamente.

En la secretaría de Medios, a cargo de Eduardo Serenellini, se descubrió una deuda superior a los 11 mil millones de pesos en supuestas pautas publicitarias poco claras, que están siendo analizadas una por una.

En la ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, actual Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, se encontraron irregularidades en transferencias y subsidios por más de 10 mil millones de pesos anuales, destinados a diversas entidades y asociaciones. Se detectó que la resolución que justificaba la erogación del Estado se elaboraba 18 meses después de haber otorgado los fondos, evidenciando un manejo cuestionable de los recursos públicos.

Por ejemplo, se encontraron casos de honorarios millonarios por charlas o eventos que carecían de documentación que respaldara su realización. También se evaluaron transferencias de fondos a asociaciones civiles vinculadas a organizaciones piqueteras, sin una justificación adecuada.

En relación al programa “Acompañar”, destinado a personas que han sufrido violencia de género, se detectaron denuncias por posibles irregularidades en el otorgamiento de beneficios, incluyendo transferencias millonarias a municipios que podrían haber sido desviadas.

La auxiliar fiscal María del Carmen Núñez señaló que las medidas en curso tienen como objetivo reunir evidencias para establecer posibles responsabilidades de funcionarios u otros agentes en la entrega de dichos beneficios.

Además de estas irregularidades, se han revelado otros hallazgos preocupantes, como el presunto uso abusivo de tarjetas de combustible asignadas a vehículos oficiales y el uso indebido de oficinas públicas como unidades básicas.

El cierre de 59 Centros de Referencia (CDR) distribuidos en todo el país, que funcionaban como cajas de la política y refugios de ñoquis del Estado, permitirá un ahorro significativo en gastos y la recuperación de recursos como vehículos y equipos.

Según la auditoría que realizó la Libertad Avanza, los 17.183.910.509 fueron cursados a 281 Unidades de Gestión. De ese total, $11.925.954.904 estaban bajo el control de 144 cooperativas. La mayoría de ellas vinculadas a la UTEP. Entre ellas del Evita, Somos/Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y, entre otras, del Frente Popular Darío Santillán.

Solo dos Unidades de gestión pertenecen a una provincia, Misiones, allí recalaron $120.000.000. Otros $4.331.283.750 fueron otorgados a 110 organizaciones no gubernamentales, como “Néstor Vive”; “Fundación al Gran Pueblo Argentino Salud”; “Asociación de Trabajadores de la Economía Popular”, “Seamos Libres” o el “Obispado de San Justo”.También fueron beneficiados con $806.671.855 un total de 25 municipios.

La que recibieron subsidios más abultados fueron intendencias peronistas como, La Matanza, con $124.350.000. San Martín, $56.500.000; Berazategui, $60.000.000; José C. Paz, $40.000.000 Escobar $32.180.800; Avellaneda, $32.180.800; y la municipalidad de Formosa, con $70.000.000.

También recibió beneficios por $55.050.000 la Asociación civil Mujeres del Evita, otra de las organizaciones vinculadas a los movimientos sociales.

La ministra Sandra Pettovello ha anunciado que se mantendrá firme en su decisión de seguir auditando la gestión anterior y no dialogará con los dirigentes sociales mientras mantengan medidas de fuerza. En paralelo, se están implementando licitaciones transparentes y medidas para garantizar una distribución justa y controlada de recursos públicos.