En Salta, a raíz de una primera denuncia por fraude contra un concejal salteño, acusado de cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), se desató una avalancha de investigaciones que involucra a 52 funcionarios de 30 departamentos provinciales. Cabe recordar que el IFE está destinado para compensar la pérdida económica que genera el aislamiento obligatorio en medio de la pandemia por coronavirus.

El escándalo político y social en el que está inmerso Salta tomó tal magnitud, que ya generó acusaciones cruzadas y desmentidas por parte de algunos de los involucrados. Según mencionaron diarios salteños, hay un diputado y un intendente involucrados en el listado, en momentos donde a muchas personas les fue rechazado el beneficio y su situación es realmente más delicada que la de esos políticos.

La noticia de que el concejal de Guachipas, Héctor Cari había cobrado el IFE llegó a oídos de la fiscal Verónica Simesen de Bielke. Debido a estas versiones, la fiscal radicó una denuncia de oficio por “fraude a la administración pública” ante el Juzgado de Garantías Nº 4 a cargo de Diego Nicolás Rodríguez Pipino, quien corroboró que Cari cobró el primer pago y está a la espera del segundo.

Eso generó que se ampliara aún más la investigación luego de que los medios FM Noticias, Buufo y Salta Entre Líneas hicieran un entrecruzamiento entre los datos de los concejales, intendentes, diputados de la provincia y la página de la ANSES. La investigación arrojó un resultado insólito, ya que encontraron que en total son 52 los políticos que se inscribieron para recibir el subsidio estatal.

Sin embargo, el informe periodístico también señaló que algunos de los trámites fueron rechazados; aunque en otros, el sistema advierte que el pago del segundo aporte “está listo para hacerse efectivo al beneficiario”. De la investigación además se desprende que muchos de los sueldos de los ediles no estarían registrados y, por lo tanto, los sistemas de AFIP y Anses no detectaron ninguna irregularidad al momento de aprobar la ayuda.

Sea como fuere, el escándalo se sostiene en la acción consciente y voluntaria de los concejales que intentaron acceder al cobro de esos 10 mil pesos aún sabiendo que no les correspondía. El bochorno no tardó en difundirse a través de las redes sociales y rápidamente llegó a los involucrados que argumentaron todo tipo de excusas.

Según el diario El Tribuno, algunos admitieron la gestión de la ayuda, otros dijeron que la tramitaron para un tercero, en algunos casos desconocieron la inscripción, estuvieron lo que anticiparon acciones penales y hasta hubo quienes aseguraron que lo hicieron “para probar el sistema”. Entre quienes sí cobraron el IFE se encuentran Mónica Melisa Gonzalez (FS), de San Lorenzo; Carlos Cornel, de El Carril; Gabriel Elizabeth Cazon (PJ), de Aguas Blancas; Nicolasa Maras, de Los Toldos (PV) y Santos Ariel (PTP), de Rivadavia Banda Norte. Y la lista sigue.

De hecho, los concejales Guillermo Aleman y Antonieta Ordóñez, de la Agrupación Democrática Comunal (Adeco) de Aguaray también reconocieron ante el presidente de ese partido comunal haberse inscrito para cobrar el IFE. La explicación de Aleman fue que él quería probar cómo funcionaba el sistema porque mucha gente le había pedido que le realice la inscripción. Según el funcionario, si le salía el beneficio lo iba a devolver.

Ordóñez, en tanto, se justificó diciendo que ella se anotó porque una amiga de escasos recursos estaba cansada de inscribirse y siempre era rechazada. Que como ella tuvo mejor suerte que Aleman, una vez que le salió el beneficio fue al banco con la amiga, lo cobró y se lo entregó.

En el listado de funcionarios que se anotaron pero que fueron rechazados se encuentran el actual intendente de El Quebrachal, Rolando Rojas; y el diputado provincial Francisco Osbaldo Acosta. Quienes tampoco cobraron el IFE fueron los concejales Héctor Barraza, Analía Leal y Marta López.

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“Repudio la actitud miserable de aquellos concejales y políticos que utilizaron una herramienta como el IFE, creada con un fin noble y para los más afectados por la pandemia, para su propio beneficio. Le pido a la Justicia que actúe con máxima celeridad y con todo el paso de la Ley”, expresó el gobernador salteño Gustavo Sáenz en su cuenta de Twitter.

Luego agregó: “La política es servicio, es pensar en los demás, es trabajar por el bien común, para eso fuimos elegidos. No podemos defraudar la confianza de los salteños".

Sáenz pidió que quienes cobraron renuncien a sus cargos: “Atravesamos uno de los momentos más tristes y dolorosos de la historia, por vergüenza, los que hicieron esto y no pueden demostrar lo contrario deberían renunciar a sus cargos!”. Mientras que la fiscal penal Simesen de Bielke, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, dispuso la apertura de una investigación para determinar si funcionarios públicos de la provincia accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia.

En Salta, aproximadamente un 25% de la población total de la provincia recibe el IFE. Hasta el momento, 322.416 personas son las que perciben el ingreso de los $10.000, cuyo tercer pago comenzará el 10 agosto.