La Justicia de Córdoba imputó a Gabriela Nahir Fernández, una reclusa que cambió su identidad de género mientras cumplía condena, fue trasladada a un pabellón de mujeres y ahora enfrenta acusaciones por abusos sexuales dentro de la cárcel. Además, las autoridades investigan si utilizó su identidad para manipular a otras reclusas.

La decisión fue anunciada ayer por la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del segundo turno, que emitió un comunicado ordenando la imputación de Fernández, cuya identidad de género se encuentra bajo investigación.

"Se le atribuyen delitos contra la integridad sexual de otras mujeres detenidas y alojadas en el Establecimiento Carcelario N° 3 de Bouwer. La imputada quedará a disposición conjunta de la Fiscalía y de la Cámara Criminal y Correccional de 4° Nominación", indicaron desde la Justicia.

Un historial de denuncias y reincidencia

El caso de Fernández tomó notoriedad el año pasado. En 2016, fue detenida con su identidad masculina y condenada por lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad. En ese entonces, cumplía su condena en un pabellón masculino de la cárcel de Bouwer.

Sin embargo, tras cambiar su género registral, fue trasladada a la sección femenina en 2018. Poco después, ya con un nuevo DNI, obtuvo la libertad condicional. En 2019, su entonces pareja la denunció y volvió a prisión. Un dato que llamó la atención de los investigadores es que la víctima hizo la denuncia utilizando su antiguo nombre masculino.

El historial de Fernández incluye múltiples acusaciones por violencia de género, presentadas por diferentes parejas en el período en que estuvo en libertad. 

Dentro del penal de mujeres, Fernández acumuló denuncias por amenazas, agresiones y abuso sexual. La situación alcanzó su punto crítico cuando una interna denunció haber sido violada y quedó embarazada, lo que motivó a la Justicia a revisar su situación carcelaria.

Un fallo dictado en noviembre describe a Fernández como una persona que "usó su identidad para ejercer dominio sobre otras internas", en un entorno sin protocolos claros para casos como el suyo. Según el expediente, impuso "viejos códigos carcelarios" en el pabellón, utilizando su identidad de género para intimidar y manipular a las demás reclusas.

Además, la detenida acumuló sanciones disciplinarias por constantes altercados dentro de la prisión. Ante la complejidad de su caso, las autoridades resolvieron que Fernández no podrá compartir celda ni con hombres ni con mujeres, quedando en un régimen de aislamiento.