En un juicio abreviado llevado a cabo en Salta, la Justicia condenó a tres años de prisión condicional a Jorge David Ari Canaza, acusado de adulterar el DNI de otra persona y usarlo como propio durante más de 10 años. Esta acción delictiva tuvo graves consecuencias para la víctima, quien durante ese tiempo no pudo casarse ni votar.

La investigación comenzó en 2012, cuando un vecino de Tartagal, al intentar votar por primera vez, descubrió que otra persona estaba utilizando su número de documento. Aunque denunció la situación de inmediato, la gravedad del caso se intensificó en 2016. Fue entonces cuando la víctima descubrió que debía varias multas de tránsito y, además, no pudo contraer matrimonio porque en la base de datos oficial aparecía otra persona con sus mismos datos, aunque con una fisonomía completamente diferente.

Al pasar cuatro años desde la primera denuncia por robo de identidad, la causa había sido archivada. Sin embargo, el afectado recurrió a la Sede Descentralizada de Tartagal, que trasladó la investigación a la Unidad Fiscal de Salta, ya que el presunto autor del ilícito residía en el barrio San Alfonso de la capital provincial.

El fiscal general Carlos Martín Amad ordenó una serie de medidas preliminares, que incluyeron la detención del sospechoso y el allanamiento de su domicilio. Aunque el imputado, identificado como Jorge David Ari Canaza o Mamani Arias Canaza, se negó a prestar declaración indagatoria ante el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, la fiscalía pudo probar su responsabilidad penal en el hecho.

La investigación concluyó que efectivamente había dos personas utilizando el mismo número de DNI: una era la propia víctima, residente en Tartagal, y la otra era el acusado, quien había realizado trámites con ese número en 2013 y 2016 en Salta.

Finalmente, a fines de 2023, el magistrado procesó a Canaza sin prisión preventiva y elevó el caso a juicio oral. Las partes acordaron un juicio abreviado, que fue homologado por el juez Díaz. Como resultado, Ari Canaza fue sentenciado a tres años de prisión condicional, lo que significa que no cumplirá la pena en prisión a menos que cometa otro delito durante ese período.