El diputado misionero Germán Kiczka, presidente del partido Activar, se encuentra en el centro de una grave investigación por presunta tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil. En las últimas horas, la Policía allanó su casa y encontró videos comprometedores en su computadora. Sin embargo, debido a sus fueros como legislador, Kiczka no fue detenido.

El caso tiene su origen en febrero, cuando la Justicia Federal realizó un operativo en el domicilio del padre y el hermano de Kiczka en la ciudad de Apóstoles. Ambos estaban sospechados de integrar una red de pedofilia internacional que compartía imágenes de menores siendo explotados sexualmente. Tras un juicio abreviado, ambos admitieron los delitos.

A partir de este caso, surgieron indicios que llevaron a abrir una investigación paralela, esta vez en la Justicia provincial, para determinar si el legislador también estaba involucrado en hechos similares. La Unidad de Cibercrimen y la Secretaría de Delitos Complejos (SAIC) de Misiones recopilaron pruebas suficientes para que el Juzgado de Instrucción Penal N°4 de Apóstoles, a cargo de Miguel Farías, ordenara un nuevo allanamiento en la residencia de Kiczka.

El martes, la Policía allanó la casa del diputado casi al amanecer, secuestrando dos celulares y una notebook. En un análisis preliminar de los dispositivos, las autoridades encontraron archivos con material pedófilo, así como otros contenidos perturbadores como videos de zoofilia e incesto. Además, en el operativo se incautaron revistas, juguetes sexuales y un mameluco que, según los investigadores, parece pertenecer a una secta.

A pesar de la evidencia, Kiczka no fue arrestado debido a los fueros que lo protegen como diputado provincial. Sin embargo, el juez Farías podría solicitar a la Legislatura el retiro de sus fueros para permitir su procesamiento. El magistrado ya notificó a la Cámara de Diputados de Misiones sobre los graves cargos que se le imputan a Kiczka, quien seguirá siendo investigado por "publicaciones, reproducciones y/o distribuciones de representaciones de un menor dedicado a actividades sexuales explícitas".

En un comunicado, Kiczka intentó desligarse de los hechos, asegurando que la causa involucra a sus familiares y no a él directamente. “Estoy a disposición de la justicia para colaborar en lo que se necesite, con el fin de esclarecer lo más rápido posible esta situación”, expresó el legislador.

El operativo que desencadenó esta investigación, denominado “Guardianes Digitales de la Niñez”, fue parte de una iniciativa internacional liderada por la fiscal especializada en delitos informáticos, Daniela Dupuy. La denuncia fue impulsada por el Centro Internacional de Niños Desaparecidos y Explotados y la Coalición de Rescate Infantil de Estados Unidos, con el objetivo de desmantelar una red global de distribución y comercialización de material sexual infantil.

El tráfico de explotación sexual infantil es un delito en crecimiento, difícil de detectar debido al uso de programas encriptados. Las fuerzas de seguridad utilizan software especializado para monitorear redes de intercambio de archivos peer-to-peer (P2P), permitiendo rastrear las direcciones IP de los usuarios involucrados. Los dispositivos confiscados son analizados minuciosamente por expertos en informática forense, buscando archivos almacenados, borrados e historial de navegación.

La investigación continúa, y el caso de Kiczka sigue bajo la lupa de la justicia. Según el Código Penal argentino (Ley 27436), la producción, distribución y posesión de material pornográfico infantil conlleva penas de prisión que van desde tres a seis años.