En la apertura de sesiones ordinarias, se espera que Javier Milei anuncie reformas de seguridad. Ese eje temático puede ser parte del discurso que dará el presidente este sábado a las 21 en el recinto de la Cámara de Diputados.

Por estas horas, Milei pidió la renuncia del peronista Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, por el avance de la inseguridad en esa provincia.

Los cambios en el marco de las leyes sobre seguridad y justicia son unas de las prioridades del Ejecutivo para el período legislativo de 2025. Es por eso que en Nación aseguran que insistirán con el proyecto que busca bajar la edad de la imputabilidad a los 13 años, que no llegó todavía a ser tratado en una sesión.

La Casa Rosada tiene terminada además una reforma del Código Penal, que quiere enviar al Congreso en las próximas semanas. La iniciativa incluye un incremento de todas las penas y una extensión de la cadena perpetua, que concibe actualmente la posibilidad de solicitar la libertad condicional luego de cumplir 35 años de condena.

Uno de los ejes prioritarios del oficialismo es modificar los artículos 119 y 120 del título III del libro segundo del código, que contempla los delitos contra la integridad sexual. Abarca penas desde ocho hasta veinte años con diversos agravantes.

El Gobierno prepara además reformas para darle mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas, a los agentes de seguridad y a la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

El Ejecutivo tiene en carpeta también una reforma migratoria, que propone aumentar los controles y restricciones al acceso a la residencia. Se trata de cambios a la Ley de Migraciones (25.871), que planea enviar al Congreso durante las sesiones ordinarias.

La iniciativa contiene un régimen más estricto para la entrega de residencias a los estudiantes extranjeros junto con restricciones a los inmigrantes ilegales que tienen hijos en el país y obtienen la residencia tras la confirmación de sus descendientes como ciudadanos argentinos.

La mesa política del oficialismo analiza sumar cambios en el marco que abarca el sistema de deportación a los inmigrantes ilegales para agilizar el proceso.