El lunes pasado, el juez federal Sebastián Casanello respondió a accionar en la causa que se pide la "inconstitucionalidad" del protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad, e instó a Patricia Bullrich a que presente "en las próximas 72 horas" un informe detallado de los fundamentos jurídicos de su aplicación. Además deberá declarar si la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales fueron consultados al momento de diagramar.

La denuncia fue presentada por la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro, y un informe explicó que la disposición de Casanello abarca a todo lo que ocurrió en las últimas manifestaciones y los antecedentes del protocolo, al igual que los fundamentos y si fueron consultadas distintas organizaciones.

La citación dice lo siguiente: "Líbrese oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación, a efectos de que, dentro de las 72 horas, presente el informe circunstanciado previsto en su art. 11, respecto del dictado de la Resolución nro. 943/2023 (protocolo antipiquete)", detalló el documento firmado por Casanello, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 7.

El juez pidió precisar los fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, y si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos. Del mismo modo, Seguridad deberá informar si el dictado de esa resolución fue acompañado y/o precedido del dictado de otros actos administrativos que lo complementen, aclaren y/o modifiquen; en su caso, deberá aportarlos junto con sus antecedentes.

Por último, Patricia Bullrich deberá dar explicaciones ante las denuncias hechas bajo el concepto de excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales en cumplimiento de tales lineamientos, haciendo saber qué medidas llevó a cabo en consecuencia.