Cristina Kirchner por medio de su abogado Martínez de Giorgi, solicitó se incluida como querellante en la causa por el financiamiento del grupo político, Revolución Federal y poder esclarecer si tienen alguna vinculación con el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre.

La solicitud se da luego de que se conociera que Jonathan Morel, líder del sector recibiera un monto cercano a los 7 millones de pesos desde dos fideicomisos Espacio Añelo y Santa Clara al Sur, vinculadas con la empresa Caputo Hermanos.

De acuerdo con la investigación el dinero se depositó en la cuenta de Morel y sus allegados, dos mujeres de apellido Balboa y Vallero, entre diciembre de 2021 y agosto de 2022, y se retiró en efectivo de manera inmediata.

Los tres figuran como monotributistas y ninguno registra antecedentes comerciales por esos montos en la actividad declarada. De hecho, en ese periodo, Morel facturó solo $578.930, el 28 de diciembre el líder de Revolución Federal hizo seis facturas por $176.000 a nombre del fideicomiso Santa Clara al Sur; el 22 de agosto de este año recibió desde esa empresa una transferencia por $250.000. También se registraron pagos del fideicomiso Espacio Añelo y de Rosana Pía Caputo por $1.503.480.

Revolución Federal organizó machas contra el gobierno por medio de redes sociales, incluso se pudo establecer que Brenda Uliarte, directamente vinculada al intento de asesinato de la vicepresidenta, participó en la manifestación del 18 d agosto en el que arrojaron piedras contra la Casa Rosada.