El presidente Alberto Fernández firmó el decreto que reglamenta la ley 27.669 para la producción industrial de cannabis y desde mañana, cuando aparezca en el Boletín Oficial, el Estado se encontrará en condiciones de otorgar licencias para la puesta en marcha de un nuevo sector de la economía nacional.

La ley, sancionada en mayo de 2022, tiene por objeto establecer la cadena de producción y comercialización local o con fines de exportación de la planta, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial.

En el Gobierno nacional estiman, con optimismo, que la industria cannábica generará en los primeros años unos 10 mil puestos de trabajo para una demanda de aproximadamente seis millones de usuarios de esta planta, y esa cifra solo apunta a los fines medicinales. Prometen, también, que tendrán prioridad las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y las economías regionales.

Según afirmó la ministra de Salud Pública de San Juan, Alejandro Venerando, en julio de este año, “nuestra provincia pensó en el Cannabis como unas herramienta útil para mejorar sensiblemente la calidad de vida de muchos sanjuaninos que padecen patologías como la epilepsia refractaria. Esos tratamientos tienen un alto costo y de difícil acceso”.

Lo hizo en el marco de un nuevo encuentro del Consejo Federal de Salud, realizado en la provincia de Salta. Venerando contó también que “CanMe es una organización que trabaja para el desarrollo del Cannabis con fines medicinales, destinado a pacientes que lo necesitan y que padecen, por ejemplo, epilepsia refractaria. Está comprobado que disminuye notoriamente la intensidad de la crisis en esta patología”, dijo.

La reglamentación de la ley fue celebrada por distintos actores del sector cannábico, que ven en esta norma una oportunidad para desarrollar una industria nacional competitiva y sustentable, que aporte al bienestar social y al crecimiento económico del país.