Este lunes, la Justicia procesó al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional. La investigación reunió pruebas suficientes para demostrar que Belliboni desvió parte de los 360 millones de pesos que recibieron la asociación civil Polo Obrero y la cooperativa El Resplandor Limitado. Estos fondos fueron canalizados hacia una red de empresas utilizadas para justificar gastos inexistentes con facturas falsas, ocultando así el destino final del dinero. Además, el juez federal Sebastián Casanello le trabó un embargo de $390 millones.

El magistrado Casanello, junto con el fiscal Gerardo Pollicita, recopiló varias pruebas que indican que Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero utilizaron parte de los fondos recibidos como unidad de gestión del programa Potenciar Trabajo para financiar al Partido Obrero, que compite en las elecciones dentro del Frente de Izquierda. El procesamiento también afecta a otros 16 integrantes del Polo Obrero, acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales.

El juez sostiene que el Polo Obrero utilizó una serie de empresas “truchas” para justificar el uso de los fondos proporcionados por Desarrollo Social en el marco del programa Potenciar Trabajo. Estas firmas incluyen la imprenta Rumbos, Coxtex, Ricoprint y Carlos Osvaldo Monfrini, proveedor de handies. "Se asentó falsamente la compra de productos para justificar los desembolsos realizados, sino también los cheques que fueron posteriormente entregados a empresas distintas de las formalmente consignadas en las rendiciones de gastos, para concretar el desvío postulado", afirmó Casanello. La Justicia probó que alrededor de $40 millones fueron a este grupo de firmas.

En algunos casos, estas compañías emitían facturas falsas que el Polo Obrero presentaba ante el exministerio de Desarrollo Social para justificar los fondos del Potenciar Trabajo. En otros, las empresas, después de recibir el dinero, endosaban cheques a la imprenta Rumbos, cuyo domicilio fiscal está en la sede del Partido Obrero. La Justicia comprobó que esta firma hizo aportes electorales al Partido Obrero por $18 millones y contrató una empresa de publicidad para la campaña del espacio.

Además de Belliboni, fueron procesados Mariano Alejandro Centanni (tesorero del Polo Obrero) y Elizabeth del Carmen Palma. Aunque Palma no participó en la firma de los convenios, suscribió las facturas y recibos relacionados con las firmas Rumbos y Miniso Trade.

En la lista de procesados por administración fraudulenta también figuran Jeremías Cantero (número 2 del Polo Obrero), María Isabel Dotti, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Roberto Adrián Albornoz, dueño de la imprenta Rumbos.

La Justicia también procesó a dirigentes del Polo Obrero por extorsionar a beneficiarios del Potenciar Trabajo. Las pruebas indican que el dinero recaudado de los beneficiarios no solo se utilizaba para mantener la estructura de los comedores, sino que también se destinaba al Partido Obrero. Estas cápitas, que oscilaban entre $2000 y $5000 mensuales, se canalizaban a través de la imprenta Rumbos.

En paralelo, 

Los investigadores están analizando las líneas de mando de esa dependencia, desde Emilio Pérsico hasta el último eslabón, para determinar si la falta de control fue un "error" o una omisión voluntaria. De ser así, intentan establecer si existió una orden desde los altos mandos para no controlar y girar los fondos.

Una fuente judicial explicó que el Ministerio de Desarrollo Social no podía desconocer que la empresa Coxtex, a la que el Polo Obrero dice haberle comprado computadoras y software, fue catalogada como apócrifa por la AFIP en noviembre de 2020. Además, los investigadores se sorprenden de que ninguno de los esquemas de control haya investigado facturas de empresas sin historial comercial como Miniso Trade, a la que también el Polo Obrero afirma haber adquirido computadoras.