El ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, anunció hoy la derogación de una serie de decretos emitidos durante los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que obligaban a las dependencias estatales a contratar servicios y seguros exclusivamente con empresas públicas. Esta decisión, formalizada a través del Decreto 747/2024 firmado por el presidente Javier Milei, busca erradicar un esquema que, según el funcionario, "anidaba corrupción".

En una serie de declaraciones realizadas en redes sociales, Sturzenegger calificó de "grotesco" el sistema implementado por los decretos derogados, y aseguró que "los privilegios de Nación Seguros, YPF, Banco Nación y Optar en las contrataciones públicas" no solo afectaban la competencia, sino que también favorecían la corrupción. "Las empresas públicas deben servir a los ciudadanos y no servirse de ellos. Si estos privilegios, a su vez, servían para anidar corrupción o mantener a una casta política, deben ser desterrados", expresó el ministro.

El Decreto 747/2024, que elimina los decretos 1187/2012, 1189/2012, 1191/2012 y 823/2021, implica la eliminación de la obligatoriedad de contratar seguros y otros servicios con empresas estatales. Según Sturzenegger, la medida más controvertida fue impulsada por el expresidente Alberto Fernández, quien obligaba a las dependencias públicas a adquirir seguros exclusivamente a través de Nación Seguros. Este sistema, según el ministro, facilitaba la aparición de irregularidades que hoy están siendo investigadas judicialmente.

Un entramado de corrupción

La derogación de estos decretos se produce en medio de un escándalo que involucra al expresidente Fernández y al productor de seguros Héctor Martínez Sosa, esposo de María Cantero, quien fuera secretaria de confianza del exmandatario. Se sospecha que varias de las contrataciones realizadas por Nación Seguros, especialmente la venta de pólizas a otros organismos estatales, incluyeron sobreprecios y otras irregularidades que están siendo objeto de investigación.

El nuevo decreto establece un plazo de 30 días para que todas las entidades del Estado, incluidas empresas y sociedades con participación estatal, presenten la documentación de las contrataciones realizadas en virtud de los decretos derogados. En caso de detectarse beneficios o preferencias a favor de alguna entidad en particular, estos acuerdos deberán ser sometidos a un proceso de licitación pública o privada.

Excepciones y plazos para finalizar contratos

El decreto incluye una única excepción: no se considerará que existe una ventaja o preferencia cuando el único proveedor disponible sea una entidad del Sector Público Nacional. Además, se otorgó un plazo de un año, hasta el 21 de agosto de 2025, para que los organismos estatales finalicen los contratos vigentes que se hubieran realizado bajo las normativas anteriores. En casos excepcionales, los contratos podrán prorrogarse por un año adicional, siempre que la decisión sea informada a las autoridades competentes.

La Oficina Nacional de Contrataciones será la encargada de gestionar y revisar los nuevos procesos de selección que se realicen tras la entrada en vigencia del Decreto 747/2024, con el objetivo de garantizar la transparencia en las futuras contrataciones del Estado.

El fin de un ciclo

El decreto de Milei también anuló tres normativas promulgadas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012. El Decreto 1187/2012 obligaba a los empleados públicos a cobrar sus salarios a través del Banco Nación, mientras que los Decretos 1189/2012 y 1191/2012 establecían la obligatoriedad de adquirir combustibles exclusivamente a través de YPF y contratar los servicios de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas para el transporte de funcionarios. 

Con la derogación de estos decretos, el gobierno de Milei busca poner fin a lo que considera un sistema que favorecía intereses privados a costa del erario público y abrir el camino hacia una mayor competencia y transparencia en las contrataciones del Estado.