Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió que ningún preso de las cárceles de Mendoza podrá usar celulares . En el mismo sentido se rechazó un punto crucial del fallo del juez Sebastián Sarmiento que indicaba que la prohibición solo podía realizarse en los pabellones o módulos donde hubiese algún sistema de teléfonos públicos o semipúblicos para garantizar el derecho a comunicación de los internos.

La resolución fue dictada antes el lunes 7 de octubre, y ahora el Servicio Penitenciario tendrá un período de 6 meses para sacar todos los celulares que están en poder de los presos en todas las cárceles de Mendoza.

La definición fue anunciada luego de un largo cuarto intermedio de casi un mes, por el tribunal de la Corte presidido por la jueza Teresa Day, acompañada por sus pares Dalmiro Garay y José Valerio.

La magistrada expresó sobre la novedad: "Este Tribunal por mayoría -2 a 1- resuelve admitir el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y en consecuencia dejar sin efecto el punto IV apartado D de la resolución del 10 de enero 2024", respecto al fallo del juez Sebastián Sarmiento.

El apartado que quedó sin efecto expresa: "Solo podrá disponer el retiro de los equipos telefónicos celulares en los sectores de alojamiento donde se encuentre instalado y en condiciones operativas un sistema de telefonía pública, debiendo garantizar al menos un equipo por cada pabellón, ala, o sector de cada establecimiento carcelario".

Este punto había generado un conflicto de competencia ya que, para el Ministerio Público Fiscal, no le corresponde al juez Sarmiento -ni a ningún otro en esta instancia- poner condiciones para cumplir con el retiro de celulares, lo que imposibilitaba que se llevara a cabo la medida.

La magistrada Day finalizó la resolución sosteniendo: "Rechazar los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público de la Defensa y por la Asociación Civil Verdad y Justicia Mendoza", quienes se expresaron a favor que los internos tuvieran celulares por diferentes factores, como el vínculo familiar, avisar problemas de salud u otros dentro del penal, además de tener contacto directo con sus abogados.

Seis meses de plazo

Dalmiro Garay, miembro del tribunal que resolvió que los presos no tengan más teléfonos, explicó que el Servicio Penitenciario tiene un período de 6 meses para sacar los aparatos de los penales, "o hasta que quede firme el fallo en el caso que fuese apelado".

Esto se debe a que cualquiera de las partes puede realizar una Casación horizontal a los resuelto este lunes, lo que implica que se deberá conformar otra sala con otros miembros de la Corte para garantizar el proceso. Estos serán los encargados de determinar si sostienen lo resuelto o no.

Visitas presenciales

Además, Garay explicó que dentro de esta decisión sobre "la necesidad de restablecer las visitas presenciales como eran antes de la pandemia".

"Tiene que volver el sistema de visitas semanales y establecer, por un mecanismo distinto de la telefonía pública, como celular o computadora para permitirles a los internos tener comunicación regulada por el Servicio Penitenciario, pero no tener celulares", agregó el juez de la Corte.

Excepción

Señaló que también contemplaron excepciones indicadas por el juez Sarmiento en su fallo del 10 de enero pasado, las cuales comparten y que no fueron rechazadas por ninguna de las partes como que las internas que tengan hijos puedan tener celular.

"También ratificamos que el Servicio Penitenciario será quien dote de celulares o mecanismos alternativos para los casos de presos de las cárceles de Mendoza que tengan algún tratamiento y pueda hacerlo de manera remota o tenga que estudiar", sostuvo Garay.