El presidente Javier Milei lidera una ambiciosa iniciativa de desregulación que afecta tanto al mercado aerocomercial como al transporte terrestre de larga distancia en Argentina. Esta medida, en vigencia desde hace ocho días, busca eliminar trámites burocráticos y autorizaciones, otorgando mayor libertad a las líneas aéreas y empresas de ómnibus.

En el ámbito aéreo, las principales modificaciones eliminan la obligatoriedad de obtener autorizaciones para nuevas rutas y suprimen las audiencias públicas. Esto significa que cualquier línea aérea local puede operar en la ruta que desee, siempre que cumpla con los requisitos establecidos. Sin embargo, existe debate sobre mantener la exigencia de tripulación argentina y aviones matriculados localmente.

En paralelo, el Gobierno impulsa cambios significativos para los ómnibus de larga distancia. La propuesta busca permitir que cualquier empresa registrada pueda ofrecer servicios sin restricciones ni necesidad de permisos adicionales. Actualmente, la explotación de rutas se basa en un permiso precario, generando conectividad a pueblos en el trayecto.

A pesar de la expectativa de mayor competencia, algunos temen la posible concentración empresarial y la desconexión entre ciudades menos rentables. También se plantea la necesidad de igualar condiciones laborales, considerando diferentes convenios colectivos en el sector. Aunque se espera que aparezcan empresas más pequeñas que aprovechen tramos cortos, la magnitud de la apertura aún está por determinarse.

La medida, parte de un decreto presidencial, enfrenta cuestionamientos judiciales en aspectos relacionados con normativas laborales. A pesar de las discusiones y desafíos pendientes, el Gobierno avanza con la desregulación, marcando un cambio significativo en la industria del transporte en Argentina.