(TÉLAM) Los recursos previstos por esas empresas suman unos 740 millones de dólares al tipo de cambio oficial, según un informe elaborado por la Secretaría de Comunicaciones que fue presentado por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, durante su reciente presentación en el Congreso.

Telefónica-Movistar destinará 2.509 milllones de pesos en total, de los cuales el 68% se orientará a ampliar el servicio y a mejorar la calidad de las prestaciones a usuarios (acceso a redes, sistemas y plataformas). 

Telecom-Personal, por su parte, planea para este año una inversión de 2.156 millones de pesos, mayoritariamente para mejorar la calidad del servicio (48% en adecuación de redes y 28% en radiobases que amplían la capacidad de la red de acceso). El resto corresponderá básicamente a radiobases nuevas, mientras una parte minoritaria (43 millones de pesos) será para radiobases que migran de 2G a 3G.

La empresa Claro, en tanto, informó a Comunicaciones que invertirá 1.260 millones de pesos, de los cuales el 77% será para adecuaciones de red (mejora de los equipos de conmutación y transmisión).

El resto irá a las radiobases nuevas de la compañía, y la ampliación de su capacidad de red de acceso.

Las inversiones de las operadoras de telefonía móvil apuntan a garantizar un uso eficiente y óptimo de las bandas actualmente
asignadas, en el marco del Reglamento de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones, dispuesto en 2013.

Con similar objetivo de optimizar el servicio, la Secretaría dictó normas el año pasado, referidas a los derechos de usuarios de comunicaciones móviles (resolución 21) y la tasación por segundo (resolución 26), entre otras acciones para fomentar la competencia y las inversiones por parte de las empresas.

La normativa vigente incluye las obligaciones establecidas por la Comisión Nacional de Comunicaciones en el Manual de Procedimientos de Auditoría y Verificación Técnica de dicho reglamento.

La calidad del servicio, en relación con las tarifas, es el principal reclamo de los usuarios de la telefonía móvil, formulados a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor.

Esta situación dio pie a un conjunto de proyectos legislativos que proponen la declaración de la telefonía móvil como "servicio público", y sobre los cuales la Secretaría informó que realiza un seguimiento detallado.

En este marco se lleva adelante un estudio de situación respecto de los países en los cuales se verifica tal declaración.

Los funcionarios del área aclaran, sin embargo, que en esos casos la tarifa no está fijada por la autoridad regulatoria, y advierten que "la mera definición y el establecimiento de tarifas mediante audiencia pública no garantiza la competencia real".