La provincia de Misiones atraviesa un momento de alta tensión debido al conflicto salarial que enfrenta a docentes, personal de salud y policías con el gobierno provincial. Anoche, la situación escaló cuando un numeroso grupo de docentes se dirigió a la residencia del gobernador Hugo Passalacqua y se enfrentó con la policía que custodiaba el lugar. Los manifestantes, que buscaban vandalizar el edificio, fueron detenidos por las fuerzas de seguridad, lo que desencadenó una violenta represión.

Paralelamente, en el Palacio Legislativo provincial, otro grupo de docentes intentó ingresar mientras los diputados estaban en sesión, lo que provocó un enfrentamiento con los efectivos de seguridad. Los manifestantes derribaron las vallas de protección y fueron recibidos con una feroz represión policial. Piedras volaron y los antimotines, armados con escudos y porras, golpearon a los manifestantes, utilizando también gas lacrimógeno para dispersarlos.

El conflicto salarial se agudizó luego de que las negociaciones entre la policía y el gobierno de Passalacqua fracasaran. Los docentes, que ganan entre $250 mil y $350 mil, rechazaron una propuesta de aumento del 22%, exigiendo un salario mínimo de $400 mil. Según Mirta Chemes, secretaria general de la filial Misiones de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la situación es insostenible debido a los altos costos de vida en la provincia. "Muchos fueron desalojados porque no pueden pagar el alquiler o les cortaron la luz o el agua", afirmó Chemes, señalando además la falta de apoyo del Gobierno nacional.

La situación en Misiones se intensificó el 17 de mayo, cuando más de 3000 efectivos policiales tomaron el Comando Radioeléctrico I en Posadas en protesta por mejores salarios. Este acto desencadenó una serie de manifestaciones que sumaron a docentes y personal de salud. El gobierno provincial, incapaz de controlar la situación, solicitó la intervención de fuerzas federales, incluyendo gendarmes, prefectos y Policía Federal.

El ministro Coordinador del Gabinete, Ricardo Llera, ofreció un aumento salarial del 15%, que fue rechazado por los delegados policiales, quienes exigen una recomposición del 70%. La última oferta de un 30% de aumento también fue rechazada, y los manifestantes decidieron continuar con las protestas. "Nuestros gobernantes tienen la capacidad y las condiciones para incrementar ese porcentaje", afirmó un efectivo retirado, criticando la falta de sensibilidad del gobierno.

El ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, advirtió que los policías que participen en las protestas serán desplazados. "La sublevación es inadmisible y está fuera de la ley", declaró Pérez. Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, desligó al Gobierno nacional de las manifestaciones, afirmando que es un tema de jurisdicción provincial.