Un vigilador privado que trabaja en un banco del barrio porteño de Balvanera quedó imputado del delito de estafa en una causa en la que se lo acusa de haber robado los datos de una tarjeta de débito olvidada en un cajero automático para hacerse a sus cuentas siete transferencias por un monto total de 65.000 pesos.

El imputado es un joven de 23 años, empleado de la empresa Prosegur, asignado a tareas de seguridad en la sucursal del Banco Santander ubicada sobre la avenida Callao 692, esquina Tucumán. Como el delito que se le imputa, estafas a través de medios electrónicos, es excarcelable, el vigilador no fue detenido, pero fue notificado de la imputación en su contra.

La orden judicial fue secuestrarle todos los dispositivos electrónicos desde los cuales haya podido haber hecho los fraudes que se le endilgan, por lo que los detectives de Fraudes Bancarios se llevaron de su domicilio una PC, una Tablet y dos celulares que serán peritados, y algunos papeles de la empresa de seguridad para la que trabaja.

“En dos días, 4 y 5 de mayo, le hicieron siete transferencias, seis de 10.000 pesos cada una y una séptima por 5.000”, precisó a Télam uno de los investigadores. Otras fuentes agregaron que desde la cuenta de la víctima también se hicieron una serie de compras y hasta el pago electrónico de una serie de servicios que el abogado desconocía.

El fraude electrónico rápidamente se asoció al hecho de que el abogado denunciante contó que por esos días había ido al Banco Santander de la avenida Callao y Tucumán, donde olvidó su tarjeta de débito en la boquilla de uno de los cajeros.

Según lo que se pudo reconstruir en la investigación, un cliente que había operado en el cajero de al lado al del abogado advirtió que alguien había olvidado una tarjeta y se la dio en mano a uno de los vigiladores que trabajaba en los salones de atención al público.

“El custodio se retiró con la tarjeta a alguna de las oficinas, pero después regresó al salón y la colocó en un cajero para que la terminal la trague y de esa forma no despertar sospechas, pero creemos que en el tiempo que la tuvo en su poder copió todos los datos para poder después hacer el fraude”, explicó una fuente de la investigación.

Tras comprobar que las transferencias y gastos realizados desde la cuenta de la víctima se vinculaban con un vigilador que trabajaba en esa sucursal, la fiscal Marcela Sánchez pidió el allanamiento de su vivienda y su indagatoria. La carátula provisoria es infracción al artículo 173 inciso 15 del Código Penal que castiga con prisión de un mes a seis años.

Este condena al que “defraudare mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito, cuando la misma hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño, o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por medio de una operación automática”.

Tras el procedimiento en la casa del empleado, el juez mandó a peritar los dispositivos electrónicos secuestrados en el domicilio a la División Análisis de Inteligencia Informática de la Policía de la Ciudad, para confirmar si utilizó alguno de ellos para este fraude y para establecer si fue autor de otros hechos similares que tengan como víctimas a otros clientes del banco.