La Superintendencia de Salud ha intensificado su acción judicial contra las empresas de medicina prepaga, incluyendo a más de 20 de ellas en un amparo que busca revertir los aumentos de precios. La medida también exige la devolución a los usuarios de los montos cobrados por encima de la inflación.

El Gobierno, bajo la dirección del Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo, decidió ampliar la medida cautelar a cinco empresas adicionales, entre las que se encuentran el Hospital Alemán, Hospital Británico, CEMIC, Grupo D.D.M SA y el Círculo Médico de Lomas de Zamora. Esta acción responde a los aumentos que han alcanzado hasta el 170% en los precios de las prepagas luego de la desregulación del sector avalada por el DNU 70/2023.

El objetivo de esta intervención es resguardar la competencia y defender el libre mercado ante prácticas anticompetitivas, como el abuso de posición dominante y el aumento arbitrario de las cuotas.

La ampliación de la medida cautelar ahora afecta a 23 prepagas, cubriendo al 95% de los beneficiarios de este régimen. Se busca que estas empresas retrotraigan sus precios al 1° de diciembre de 2023 y que devuelvan a los usuarios los montos cobrados por encima de la inflación en los últimos cuatro meses.

Desde el Gobierno, se enfatiza que esta acción no constituye una intervención en el mercado, sino que busca garantizar la transparencia y la libre competencia. La desregulación del sistema de salud tiene como objetivo permitir a los beneficiarios elegir libremente entre obras sociales y prepagas, impulsando así un sistema más equitativo y eficiente.

El ministro Caputo celebró la medida en sus redes sociales, destacando el trabajo realizado por su equipo y resaltando el alivio que supone para la clase media.