Guadalupe Belén Lucero Cialone, de 5 años, fue vista por última vez el 14 de junio del 2021 cuando se encontraba jugando en la puerta de su casa en San Luis. En el primer aniversario de su desaparición, sin novedades ni pistas concretas de su paradero, su familia convocó a una marcha junto a organizaciones sociales, políticas, sindicales y feministas en la capital provincial.

La convocatoria incluye una marcha posterior hasta el Poder Judicial de la provincia donde se planifica la exhibición de un video que recopila la familia e intervenciones artísticas para recordar que “Guadalupe falta de su hogar hace un año”. Por pedido expreso de la familia la marcha ha sido convocada “sin violencias de ningún tipo”, y se ha abierto a toda la comunidad para que participen y acompañen el reclamo.

Asimismo, la familia  pide la renuncia al ministro de Seguridad de la Provincia, Luciano Anastasi, por considerar que “el Estado es responsable” por la desaparición de la niña sobre cuyo destino no se sabe nada aún. El caso pasó a ser investigado por la Policía Federal, ante la posibilidad de que existan delitos federales como la trata de personas; sin embargo hasta la fecha no existen pistas firmes sobre lo que le podría haber ocurrido a la niña.

Cabe recordar que la recompensa de $5.000.000 por datos para dar con su paradero, establecida por el Ministerio de Seguridad, continúa vigente. A fines de abril pasado, cerca de 100 gendarmes realizaron nuevos rastrillajes en la provincia, en un predio de 60 hectáreas, pero no surgieron de esas intervenciones elementos que puedan dar con el paradero de Guadalupe.

En los últimos meses, se llevaron adelante más de 400 allanamientos y se secuestraron y peritaron más de 100 celulares, sin aportes sustanciosos para la investigación. Las hipótesis, según asegura un investigador clave en el caso, son tres: que la menor haya sufrido un accidente, que haya sido víctima de un secuestro -por el cual nunca se pidió rescate-, o que se haya ido con un conocido.

Al día de hoy, no existen elementos o testimonios en el expediente que indiquen que Guadalupe haya sido secuestrada para ser vendida a explotadores de chicos. Tampoco hay una línea que vincule a la familia o allegados de la menor al comercio sexual. Sin embargo, la hipótesis no se descarta de manera preventiva.