En una audiencia realizada el 17 de diciembre a las 13:30, la fiscal Dra. Paula Carena resolvió la suspensión de juicio a prueba por un año para Sebastián Uriza y Roberto Rodríguez, acusados de agredir al árbitro C.A. tras un partido de futsal en el club López Pelaez de Santa Lucía.

Como parte de la condena, ambos deberán cumplir 50 horas de tareas comunitarias en la Parroquia de Santa Lucía dentro de los próximos cuatro meses, asistir a un taller de nuevas masculinidades dictado por la OMA, y cumplir con la prohibición de contacto y acercamiento a la víctima. Además, tienen prohibido ingresar al club López Pelaez o asistir a partidos de futsal durante los próximos seis meses.

El incidente ocurrió el 17 de diciembre alrededor de las 20:00 horas, tras la finalización del partido de fútbol entre los clubes López Pelaez y Atenas, con victoria del equipo visitante por 1-0. Mientras el personal policial escoltaba a los árbitros hacia su vehículo, un hombre identificado como Sebastián Uriza, quien vestía remera color borravino, bermuda negra y gorra negra, propinó un golpe de puño en la sien izquierda del árbitro C.A. Posteriormente, Roberto Rodríguez, quien vestía remera roja, se acercó rápidamente y le dio una patada en el costado izquierdo del cuerpo.

Los efectivos policiales presentes en el lugar aprehendieron de inmediato a los agresores y los trasladaron a la Comisaría 5ª de Santa Lucía. El árbitro damnificado formalizó la denuncia penal y aportó un video obtenido de un programa deportivo en redes sociales, donde se observa la segunda agresión. También fue trasladado al médico legista para constatar las lesiones sufridas.

La fiscal de flagrancia Dra. Virginia Branca dispuso iniciar el Procedimiento Especial de Flagrancia tras la intervención del Ayudante Fiscal en la comisaría, donde se entrevistó a los involucrados y se recopilaron las evidencias. La suspensión del juicio a prueba, también conocida como "probation", permite a los acusados cumplir medidas alternativas a la prisión siempre que respeten las condiciones impuestas.

El caso concluye con una medida que busca reparar el daño y promover la reflexión de los involucrados a través de tareas comunitarias y talleres educativos.