Este lunes se conocieron novedades del crimen en 9 de Julio. Desde el Complejo Forense confirmaron que las muestras de líquido blanco encontrados en la escena son de semen y de ADN de Marcelo Amarfil. Esta prueba ratifica una de las hipótesis inicial del Ministerio Público Fiscal a cargo de los fiscales de la UFI Delitos Especiales, Adrián Riveros y Francisco Pizzarro, que había planteado que Luciana Bustos y el fallecido mantuvieron sexo en el auto, informó una fuente judicial a Diario 13.

Según indicó la autopsia practicada al cadáver del profesor de Educación Física, presentaba lesiones compatibles con un ataque. Este fue el primer indicio con el que los fiscales comenzaron a tejer la hipótesis que minutos antes de la muerte hubo un juego sexual.

Los tres forenses que analizaron el cuerpo de Amarfíl indicaron que murió producto de un cuchillazo en el cuello que le afectó la aorta, que en esa parte presentaba otros cortes. Por lo tanto, según marcan las características de estas lesiones, fue atacado y no se autoagredió. Esto último, complica el panorama de la profesora de historia, quien declaró que su amigo se atacó a sí mismo.

Faltan las muestras de sangre que fueron encontradas en el cuchillo y el auto. El objetivo del Ministerio Público Fiscal, en plena tarea investigativa, es saber si es compatible con la de Amarfil.

Por otro lado, los abogados defensores de la acusada solicitaron que pueda seguir con la prisión preventiva en su domicilio y no en el Servicio Penitenciario Provincial, en donde pasa sus días luego de estar cara a cara con la jueza de la causa. Al móvil de Canal 13, los abogados Fabiana Salinas y Roly Olivera aseguraron que esta medida viola derechos constitucionales.

Salinas indicó que solicitaron una audiencia de impugnación por la medida de coerción establecida por el juez. Los defensores intentarán que se revoque la prisión preventiva por la duración de la investigación penal preparatoria. La exposición de esto por parte de los letrados, podría darse entre esta semana y la que viene, en donde al Tribunal de Impugnación expresaran sus fundamentos.

Olivera contó que consideran que con la resolución del juez hubo un adelantamiento de pena y explicó que en este caso se violaron derechos constitucionales. ‘Que deba cumplir con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario porque existe la duda de que puede escaparse porque su pena puede ser perpetua no tiene sentido’, afirmó.

Los defensores consideran que el juez no tuvo en cuenta cuestiones subjetivas a la hora de decidir que su defendida este ahora en el Penal. En ese sentido, señalaron que el magistrado no tuvo en cuenta que Bustos siempre se puso a disposición de la Justicia y que tanto su conducta personal y profesional son buenas, por lo que consideran una resolución arbitraria.