Este lunes a última hora, el Gobierno de la Provincia denunció penalmente a la cuarta infectada por "no respetar los protocolos" y asistir a su hermano (tercer contagiado) dentro de la unidad COVID-19 del Hospital Rawson. Inmediatamente, la Justicia ordenó el secuestro de registros y grabaciones del centro de salud para corroborar esta versión.

Según confirmó a Canal 13 el fiscal de la causa, Roberto Mallea, ya pidieron intervención policial en los registros desde el 4 de mayo hasta el día 10 del mismo mes. Esta intervención fue pedida expresamente al jefe de la Policía de San Juan, Luis Martínez.

Además, señaló que por el momento se la acusa de incurrir en los delitos expresados por los artículos 203, 205 y 248, este último no cumpliendo los deberes y obligaciones de un funcionario público. En este marco, también habló sobre posibles colaboraciones: "Si hay otros implicados por acción u omisión que no evitaron que esto ocurriera, seguramente entrarán en la causa de la acusada".

Finalmente, Mallea destacó que los delitos que se le acusa por ahora a la médica son del tipo "excarcelable". Sin embargo, si llegaran a aparecer algunos casos cuyo contagio provengan de un "contacto estrecho" con la infectada, podría cambiar la calificación y ser un agravante para la causa penal.

En este momento, la mujer se encuentra alojada en un hotel cumpliendo la cuarentena hasta tanto no haya una definición concreta del hecho que conmocionó a los sanjuaninos.