El caso de desvío de fondos en la Policía por cifras millonarias tuvo continuidad este lunes 7 de marzo. En la audiencia realizada en la sala cinco estuvieron frente a la jueza Gema Guerrero, los tres policías acusados más una comerciante también imputada. En el caso de esta última, Romina Ayelén Tejada, pariente de otra condenada por el mismo hecho, fue sentenciada a dos años de prisión condicional luego de que aceptara ir a juicio abreviado por aceptar su culpa en lo sucedido, según contó a Canal 13 el fiscal Iván Grassi.

Por otro lado, las defensas de los otros tres imputados ( los policías Roberto Gaitán, Cecilia Cortez y Evangelina Porra), presentaron pruebas, al igual que la fiscalía y la audiencia pasó a un cuarto intermedio para el miércoles 9 a las 11:30, en la cual la magistrada definirá si da paso a las evidencia o no. Grassi también señaló que el juicio contra los tres efectivos tendría lugar en los primeros días de abril.

En la audiencia realizada el jueves pasado, los abogados de los acusados le habían solicitado a la jueza que sus clientes no fueran a juicio, devolviendo así el dinero recibido, y evitando ir a la cárcel o quedar con antecedentes penales. Guerrero desestimó esta solicitud por parte de las defensas y había mandado a cuarto intermedio para la presentación de pruebas, algo que terminó ocurriendo este lunes en una extensa audiencia que comenzó pasadas las 17:45 hasta minutos antes de las 21.

Este lunes también los abogados defensores apelaron la decisión de la magistrada a su solicitud, lo que hizo que la audiencia se extendiera aún más.

Cómo se originó el caso y los primeros sentenciados, pero solo uno preso

 El caso se originó hace casi un año atrás, cuando en abril del 2021 se descubrieran manejos fraudulentos de fondos por cifras millonarias en la Policía de San Juan. En esa primera parte del caso fueron condenados mediante un juicio abreviado: Oscar Vanetti, quien era tesorero de la fuerza y fue el único que terminó preso, su esposa, la también efectivo María Ivana Olivares y la secretaria, la cabo Carolina Tejada, a quienes les dictaron prisiones en suspenso.

Luego de esa primera sentencia la Fiscalía de Estado realizó una auditoria en donde luego quedaron evidenciadas las supuestas participaciones de los tres efectivos y la comerciante, como conclusión de la investigación. Por lo tanto, estas cuatro personas quedaron imputados por el delito de peculado (desvío de fondos públicos que debían administrar)