En 5 días, el ex empleado del IPV que estafaba vendiendo casas conocerá su condena
Eduardo Maximiliano Varela juntó el dinero que les sacó a las familias damnificadas y la Justicia le dio un nuevo plazo para devolverla, de lo contrario su pena se agravaría.
Este miércoles se llevó a cabo un nuevo juicio abreviado por el caso del joven ex empleado contratado del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que estafaba ‘vendiendo’ casas. Se trata de Eduardo Maximiliano Varela, quien aceptó su culpabilidad por la denuncia en su contra, según informó el móvil de Canal 13.
Y si bien, el joven estafador aceptó su culpabilidad, y dio a conocer a través de su abogada defensora, María Torres, que ya logró juntar el dinero para devolvérselo a las familias damnificadas, el juicio pasó a un cuarto intermedio. Por lo que el jueves 3 de agosto a las 17 horas se volverá a sentar en el banquillo de los acusados, y ese día deberá certificar que devolvió el dinero a las víctimas para que su condena sea de 3 años de prisión en suspenso y no de 5, según solicitó el fiscal Francisco Micheltorena.
La Justicia le dio un plazo de 5 días hábiles a Varela para devolver el dinero, de lo contrario su condena se agravaría. Por eso la reanudación del juicio abreviado se hará la próxima semana.
Sin embargo, en el acto de devolución del dinero, el imputado se está topando con inconvenientes. Resulta que 2 familias no quieren aceptar el dinero, mientras que a otras dos no logran contactarlas. Sin embargo, esta situación no generaría que la condena del ex empleado del IPV se agravara por incumplir, puesto que, si no puede devolverles el dinero a estos damnificados, esa particularidad quedará asentada en la escribanía que actuará en el caso, y dicho monto quedará en la escribanía.
En un juicio abreviado que se llevó a cabo el pasado 16 de junio, Varela había aceptado su culpabilidad por estafar a unas 21 familias por la venta de casas. Así lo confirmó Micheltorena al móvil de Canal 13, ‘el imputado ha reconocido los hechos que fiscalía le ha imputado, en una totalidad de veintiún hechos y ha reconocido su autoría, su participación y su culpabilidad penal’
La causa inicio con la denuncia de un particular al IPV, de que un empleado le vendió la carpeta de una vivienda que le corresponde a la organización atribuir cosa que no es factible. ‘El empleado pedía una suma de dinero bajo la promesa de hacerle atribuir una vivienda y luego se desentendía de estas personas y se apropiaba del dinero que ilegalmente’, explicó el entrevistado.