Extendieron la investigación de la causa por presunta estafa a la OSP
El fiscal Iván Grassi explicó e Canal 13 la razón de la extensión y mencionó que se debe a la complejidad del caso.
El Ministerio Público Fiscal de San Juan solicitó y recibido una extensión de seis meses para la investigación de la causa por presunta estafa a la Obra Social Provincia (OSP) por parte de la empresa Garder Salud. La solicitud fue aprobada por el juez de garantías, Dr. Sanz, debido a la complejidad del caso, que involucra a nueve personas imputadas y una extensa documentación y testimonios pendientes de análisis.
El fiscal Iván Grassi explicó e Canal 13 la razón de la extensión: "Nos han concedido el plazo máximo para extender la investigación, que es de seis meses más. Esta investigación se ha cumplido un año y, debido a su complejidad, aún están pendientes los resultados de pericias, especialmente las contables y caligráficas".
Grassi detalló que el objetivo de este plazo adicional es concluir la investigación exhaustivamente. "Toda investigación, una vez agotada, tiene dos respuestas: o se acusa o se desvincula a la persona. Esperamos contar con estas pericias para determinar si todos, algunos o ninguno de los imputados debe ser acusado y elevado a juicio o desvinculado de la presente investigación", señaló.
Durante la audiencia, las defensas técnicas de los imputados solicitaron el sobreseimiento, pero esta petición fue denegada. "Hubo dos defensores que pidieron el sobreseimiento por los representantes de Garder y la hija de Marilina de la Fuente, implicada como socia de la firma. Este pedido fue rechazado por el juez de garantías, quien tiene una función principal de control, pero no puede analizar las pruebas o elementos de convicción recolectados por el Ministerio Público Fiscal en esta etapa", explicó Grassi.
El fiscal también mencionó que la empresa Garder Salud ha sido y sigue siendo un prestador de internación domiciliaria para los afiliados de la OSP. La denuncia original fue presentada hace un año por la gestión anterior de la obra social, que detectó presuntas "prestaciones fantasma".
Con esta extensión, el Ministerio Público Fiscal tiene seis meses más para completar la investigación y decidir si se presentan cargos formales contra los imputados o si se desvincula a alguno de ellos del caso.