Para la titular del Juzgado de Paz de Chimbas, Hebe Cattani, es cosa juzgada. Su fallo es inapelable e irrevocable: ordenó pagar un cheque robado y cuya firma fue falsificada, inapreciable plazos procesales y sin considerar que su sentencia está reñida con el sentido común. Tanto fue así, que el matrimonio propietario de la chequera completa sustraída en un escruche en enero de 2018, denunciada como tal y ordenado su “no pago bancario por autoridad competente” como corresponde, ahora tendrá que afrontar el desembolso, víctima de una clara maniobra fraudulenta.

El fraude consiste en que el cheque en cuestión no fue llenado ni firmado por sus legítimos propietarios, víctimas del robo denunciado e investigado en el Segundo Juzgado de Instrucción hasta el día de hoy, sino por terceros de identidad desconocida. Pareciera que el fraude se concreta por vía judicial y tendrán que pagarle la totalidad del monto más los honorarios al demandante, una persona identificada como Carlos Ramón Brizuela.

Curioso resulta este demandante, ya que el cheque en cuestión había sido endosado a nombre de la firma “El Trébol de ORO SRL”, pero el demandante y quien en definitiva se llevará el dinero de la ejecución será otro, Brizuela. Todo esto será así por disposición de la jueza Cattani, esposa del reconocido jurista sanjuanino Víctor Bazán, miembro de la Cámara de Paz Letrada de Capital.

El matrimonio que sufrió el escruche en enero de 2018 todavía aguarda el esclarecimiento de aquel episodio de inseguridad y la restitución de sus pertenencias. Entre otras cosas, aquella chequera completa del Citibank, que al salir la entidad bancaria del país quedó en operación a través del banco Santander.

Fue precisamente en esta institución bancaria donde el matrimonio supo que algo andaba mal, en noviembre de 2018. Un embargo preventivo les había bloqueado los fondos, por disposición de la jueza de Paz de Chimbas. Sin entender lo que estaba ocurriendo, acudieron al tribunal de aquel departamento y recién se enteraron de que les estaban exigiendo el pago de uno de los cheques que les habían robado.

A través de su abogado, preguntaron por qué razón no los habían notificado cuando ingresó la demanda y se tuvieron que enterar recién cuando les cayó el embargo. La respuesta fue más insólita aún: al llevar la notificación judicial, equivocaron el domicilio. Anotaron la calle correcta, la orientación correcta que aparecía en el cheque, pero una numeración 20 dígitos más baja, sugestiva equivocación que impidió notificar.

Consutada por Canal 13, la jueza Cattani dijo que “la oficial de justicia informó que no les pudo notificar porque el número de la casa no estaba visible”. Es decir, la magistrada no asumió la responsabilidad por el error cometido en su Juzgado. Por el contrario, buscó minimizar el asunto: “pero ellos tomaron conocimiento a través del banco porque lo que se hizo fue una traba de un embargo preventivo”, advirtió.

Estar informados para defenderse a tiempo, no es la misma condición de estar ya embargados para demostrar y revertir toda la situación.

¿Por qué deben pagar el cheque si lo habían denunciado como robado y hasta el banco tenía constancia de esta investigación judicial y orden de “NO PAGO POR AUTORIDAD COMPETENTE” desde febrero de 2018 a punto tal que por esa razón le retuvo el pago a “El Trébol de ORO SRL”? La jueza Cattani nuevamente acudió a un formalismo jurídico para resolver: “La ley de cheques, la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria coinciden en que el librador del cheque aún cuando haya sido denunciado como sustraído o perdido, debe pagarlo si no ha hecho el procedimiento de cancelación cambiaria”.

Este procedimiento de cancelación cambiaria, aparentemente, resulta un trámite adicional a la denuncia policial y la notificación del banco para que rebote los cheques sustraídos. Resulta otra sutileza jurídica que conspira contra la víctima del escruche y que colisiona de frente con el sentido común. “Eso por supuesto está a cargo del damnificado. Es él, que tiene que asesorarse y hacer la cancelación cambiaria por la vía que corresponda. No tiene nada que ver en este caso el Juzgado”, se escudó la jueza Cattani.

Es decir que, el que no esté advertido previamente de este trámite adicional llamado “cancelación cambiaria”, sin importar que le hayan robado sus cheques, puede terminar condenado a pagar el monto que se le ocurra a un tercero que se encargue de adulterar el documento a su nombre, porque encontrará cobijo jurídico al menos en uno de los juzgados de Paz de la provincia de San Juan.

Se sumó otro factor llamativo y desatendido por la jueza. La defensa del matrimonio víctima del escruche ofreció como prueba la denuncia policial de enero de 2018 y el testimonio acerca de que el cheque en cuestión había sido falsificado. Lo esperable era que la contraparte, Brizuela, El Trébol de Oro, o su abogado, respondieran de dónde habían obtenido ese cheque, que rebatieran los argumentos de la defensa. Pero no. Hubo silencio absoluto. Ninguna respuesta al traslado de la defensa y sus argumentos.

El tiempo pasó. Ante el silencio del demandante, el matrimonio víctima del escruche y de la estafa reclamó a la titular del Juzgado de Paz de Chimbas que resolviera. La jueza Cattani resolvió, y al misterioso demandante Brizuela con la cuenta ya embargada, 
le alcanzó ese mutis para salir vencedor. Fue en abril de 2019. Pero la sentencia demoró ocho meses. Recién salió en febrero de 2020. Fue un plazo muy contrastante con la certificación de normas de calidad que exhibe ese tribunal bajo la conducción de la doctora Cattani.

La magistrada consideró que el demandado, en este caso el matrimonio propietario original del cheque robado, debió pagar de su bolsillo un perito caligráfico para demostrar por su cuenta ante el Juzgado que la firma había sido falsificada. Sin embargo, ¿cómo sería posible esto si todo el juicio se montó a partir de una fotocopia emitida por el banco? ¿Es 
factible que un perito analice un documento no original?

Aunque parezca increíble, el matrimonio que sufrió el escruche, que hizo la denuncia, que aún espera el esclarecimiento de aquel ilícito, que sufrió muchos intentos de estafa y pudo superarlos todos con la colaboración del banco y la policía, ahora se enfrenta a un intento que parece prosperar como estafa y es por vía judicial, con una fotocopia y sobre la que le piden demostraciones imposibles de resolver por perito caligráfico profesional y a sus costas y en una montaña de procedimientos de esta agotadora contienda judicial.

Para la doctora Cattani, no hay más que decir. No hay margen de apelación ni procedimiento Simplemente: “Acá en este tipo de juicio ejecutivo ya está todo terminado, sin perjuicio de que después puedan discutirlo en un juicio ordinario posterior”.
Es decir la la pareja fue víctima de un robo, de una estafa, de un embargo, y de una jueza que eligió la parte del sistema judicial más lejos del sentido común. Una persona cualquiera, sin formación jurídica, habría rematado como se suele manifestar en la calle: “marche preso”.