Este jueves, Fernando Castro, abogado defensor de Gustavo De la Fuente, presentó la apelación contra el procesamiento de su cliente en la causa por presunta trata de personas. La apelación se basa en cuatro puntos fundamentales que, según el abogado, podrían invalidar la resolución judicial.

Uno de los puntos más críticos que planteó Castro es la constitucionalidad de la figura del testigo de identidad reservada. Según explicó, "esta figura permite que se aporten elementos de cargo contra el imputado sin que la defensa tenga la oportunidad de contradecirlo o verificar la veracidad del testimonio". Para Castro, esto representa una violación clara del derecho a la defensa de su cliente, lo que "ensombrece de alguna manera la investigación".

El segundo punto cuestiona la validez del allanamiento realizado en el estudio jurídico de De la Fuente, ya que no participó un representante del foro local como veedor. "Esto es fundamental para velar por el cumplimiento estricto de las garantías constitucionales", señaló el abogado. Castro adelantó que solicitarán a su señoría que remita un oficio al foro de abogados de la provincia para confirmar quién participó en el procedimiento, pues, de prosperar el argumento de la defensa, "es muy probable que el allanamiento sea declarado nulo".

Otro aspecto que cuestiona la defensa es la inclusión en el auto de procesamiento de un delito que no fue imputado en la indagatoria. Según Castro, "la figura que agrava la pena mínima a ocho años por trata de personas, no fue mencionada en la indagatoria", lo que genera una discordancia que considera crucial para la apelación.

El cuarto punto de la apelación se centra en la falta de evidencia suficiente que demuestre la explotación laboral, sexual o de cualquier otro tipo. "A juicio de esta defensa, no está acreditado en prima facie en el expediente que se haya producido ese resultado, ni mucho menos que se hayan dado las condiciones necesarias para llegar a esa explotación", aseguró Castro.

En cuanto a los tiempos, Castro explicó que, tras presentar la apelación, el juez federal de San Juan debe decidir si admite el recurso formalmente. En caso de ser aceptado, la Cámara Federal de Mendoza fijará una fecha para la audiencia donde se discutirán estos puntos. "Estamos hablando de un plazo de no menos de 30 a 40 días", estimó el abogado.

Finalmente, Castro también se refirió al proceso que sigue Gustavo De la Fuente en la legislatura, donde su terna para un cargo en la justicia aún no ha sido resuelta. "Este tema no es relevante por el momento para De la Fuente, ya que es una cuestión que debe resolver la legislatura", concluyó el abogado.