Sara Garfunkel, la madre del fallecido fiscal Alberto Nisman, denunció al presidente Alberto Fernández por su presunta intromisión en la causa que investiga la muerte del ex titular de la Unidad AMIA.

El abogado querellante Pablo Lanusse realizó la presentación en la que estableció un pedido de reserva de caso federal para asegurarse la posibilidad de que la actitud del mandatario y otros funcionarios nacionales y bonaerenses sean tratadas, en caso de ser necesario, en la Corte Suprema de Justicia.

"Frente al avance e intromisión sobre la independencia del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal, consumados por el accionar del propio Presidente de la Nación Alberto Fernández, introduzco en debida forma el caso federal ante la afectación a la división de Poderes, el normal funcionamiento de las Instituciones de la República, el debido proceso y las normas de orden público", aseguró el letrado en el escrito que presentó.

El representante de Garfunkel advirtió que "diversos funcionarios que se desempeñan actualmente en el Poder Ejecutivo Nacional, como en el de la Provincia de Buenos Aires se encuentran vinculados a la causa y/o a sus conexas, y el interés de la sociedad local e internacional en el descubrimiento de la verdad sobre lo investigado".

Lanusse aseguró que "el Presidente se autoerigió en juez de la causa al afirmar públicamente que el peritaje realizado por la Junta dispuesta en autos es absurda, que carece de seriedad".

"No estamos en presencia de una novela policial inglesa. Nos encontramos frente a un magnicidio del que fue víctima el entonces Fiscal General Natalio Alberto Nisman, luego de haber denunciado por las negociaciones que culminaron con la firma del Memorandum de Entendimiento con la República Islámica de Irán, a la entonces presidenta Cristina Kirchner, hoy vicepresidenta y otros adláteres de su entonces Gobierno", lanzó el letrado.

El representante de Garfunkel afirmó que los dichos del mandatario "generan alarma y preocupación" en la querella y concluyó: "Las expresiones del Presidente resultan una injerencia en el sistema de justicia y en el desempeño del Ministerio Público, a la luz de las cláusulas constitucionales que les aseguran independencia y autonomía en el desempeño de sus funciones".