La médica infectada por el tercer caso de Covid-19 en la provincia vive una verdadera pesadilla, según comentó su abogado, Alfredo Dohmen, a Canal 13. La mujer se encuentra medicada y le cuesta conciliar el sueño por las noches. Su estado es tan inestable que a su defensor lo 'atiende llorando' y el letrado aseguró que esto imposibilita que la profesional declare por la denuncia de Salud Pública.

La raíz del asunto es bien visible: 'la condena social', según entiende el abogado. 'La crítica social le provocó esta situación. Por lo que converso con ella, no lo puede superar, eso es peor de lo que puede haber sido la denuncia, incluso la amenaza de incendio de su casa', dijo.

Dohmen señaló que la profesional que se desempeñaba en el Hospital Guillermo Rawson se encuentra medicada y que 'es imposible asistir a trabajar' o a su estudio para hablar personalmente del caso. 'El juzgado tiene la posibilidad de ir más profundo pero la situación es más que entendible, no hace falta ni certificado para darse cuenta que no puede declarar', aseveró.

Sin embargo, señaló que lo ideal sería que lo hiciera porque, según entiende, 'no habrían razones' para ser acusada de algo. 'Según lo que ella me cuenta y el protocolo que se sigue, ella no ha cometido ninguna infracción o delito', dijo.

El defensor comentó que en Salud Pública, en este momento, hay dos expedientes caratulados con su nombre. El primero, tiene que ver con la denuncia por presunta violación de los protocolos. Mientras que, el otro versa sobre la renuncia que presentó el 13 de mayo pasado. Ese fue el motivo -aduce- por el cual se reunió con el neumonólogo que posteriormente terminó infectado. El especialista, en carácter de amigo, le había pedido que no renuncie.

'Después de esto, el Ministerio de Salud Pública no aceptó la renuncia en primera instancia y le pidió que la ratificara o la rectificara. Cuando yo intervine la hice entrar en razón, porque no es una decisión tomada conscientemente, pedimos la retractación', aseguró.

Hoy, la médica se encuentra en su casa, pero no en aislamiento. 'No pude salir a la calle por la condena social, ni siquiera volver a trabajar. Es más, el 90% de los pacientes que tiene no los puede ver porque la Obra Social Provincia le dio de baja como prestadora', concluyó.