Este jueves se llevó a cabo una audiencia por un robo en el Centro Cívico que tuvo como protagonista a una mujer y su hija embarazada. Las individuas están acusadas de haberse robado un secador de mano automático de uno de los baños del edificio provincial. En conversación con el móvil de Canal 13, el fiscal Cristian Gerarduzzi contó que las acusadas quedaron libres, luego de que el juez de Garantías, Eduardo Caballero les dictara la suspensión de juicio a prueba.

El robo perpetrado por madre e hija ocurrió el pasado 23 de Julio en el baño de mujeres ubicado en el núcleo de la Secretaria de Agua y Energía. La madre de 39 y su hija de 21, quien además está embarazada, arrancaron el costoso aparato que tiene un costo de casi $1.000.000, lo envolvieron en una campera y egresaron del edificio.

Como ambas habían realizado trámites minutos antes de cometer el robo, sus rostros quedaron registrados en el sistema de monitoreo que posee el Centro Cívico. Al salir a la luz el faltante de este costoso elemento fue realizada la respectiva denuncia en la Comisaría 4º.

Gerarduzzi contó que al caer el caso recayó en la Fiscalía de Delitos Contra la Propiedad, la primera medida que tomaron es el reconocimiento facial de las cámaras de monitoreo del edificio público, las cuales fueron constatadas con la base de la Policía de San Juan, logrando resultados muy certeros, con los cuales identificaron a las responsables del robo.

Cabe recordar, que cada vez que algún ciudadano o ciudadana ingresa antecedentes personales y lleva a cabo el trámite queda fotografiado. Por lo tanto, fiscalía utilizó este sistema de la Policía de la provincia para cotejar los resultados de la búsqueda con registro de las cámaras de seguridad, lo cual constató que se trataba de las mismas personas. Además, la franja horaria en que estas individuas entraron y salieron del baño concedía.

Con estos elementos, fiscalía solicitó al juez de Garantías que autorizara los allanamientos en los domicilios de estas mujeres, quienes tras este trabajo investigativo fueron identificadas como Guardia. Al llegar al lugar, las detuvieron y secuestraron las prendas que vistieron en el momento en que cometieron el robo.

Gerarduzzi contó que el costoso lavamanos automático ya había sido vendido. A raíz de la detención, fiscalía solicitó una audiencia, la cual se llevó a cabo este jueves 1 de agosto, en la cual, entre el abogado defensor, la querella que defendió al Estado provincial y fiscalía, lograron una medida alternativa de solución de conflicto, con la suspensión del proceso a prueba más medidas coercitivas.

El fiscal contó que a la madre y su hija le jugó a favor que el hecho por el cual fueron juzgadas fue menor, no hubo víctimas ni lesionados. Además, también tuvieron en cuenta la conducta precedente de las imputadas, las cuales no tenían antecedentes penales, no tenían arrestos, ni vinculación con otra condena ni en calidad de autor ni en calidad de participe. Por lo cual, el Ministerio Público Fiscal entendieron que las imputadas tienen derecho a una nueva oportunidad logró el acuerdo por 1 año, en el cual deberán hacer trabajos comunitarios por 60 horas, una reparación simbólica a favor de Rentas de la provincia, más prohibición de acercamiento y las demás pautas coercitivas por el plazo de 1 año.

La investigación continua:

Gerarduzzi contó que la investigación por parte de la UFI Delitos Contra la Propiedad continúa con respecto al aparato. ‘Por ahora no tenemos indicios de este paradero, ya que evidentemente ha sido vendido o reducido’, señaló.