El funcionario judicial Juan Pablo Ortega se entregó el sábado por la tarde. Pasadas las 18:30, el hombre de la justicia sanjuanina se dirigió a la Central de Policía porque el juez de Garantías Matías Parron libró una orden de detención en su contra al hacer lugar al pedido del fiscal Francisco Micheltorena. Ahora deberá enfrentar un cargo grave de presunto armado de una causa de abuso sexual, según informaron fuentes judiciales.

Ortega no solo llegará preso a la audiencia de investigación, sino que lo hará también hasta la finalización del juicio. Sus influencias en la justicia son más que suficientes para que el funcionario judicial permanezca entre rejas. Es que hacia el hombre hay fuertes acusaciones, como el hecho de integrar una asociación ilícita e incurrir en delitos como tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario público y ejercicio ilegítimo de la profesión de abogado.

La Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales lo tiene en la mira por un presunto armado de una causa de abuso sexual contra un hombre que fue denunciado por su expareja en enero del 2021 de abusar a la hija de ambos. El juez que se encargó de la misma, le dictó al acusado la falta de mérito, y entonces el individuo denunció el accionar en la Unidad Conclusiva de Causas.

Tras la acusación del ex acusado, el fiscal Milchetorena inició una investigación en la cual se le secuestró el celular y la PC de la abogada defensora de la ex exposa, Sandra Cozzi. Es que Ortega y la letrada no son las únicas personas involucradas, sino que hay dos funcionarias judiciales más. Claudia Elizondo, amiga de Ortega y su esposa Belén Rodríguez, que son jefa y subjefa de la Unidad Conclusiva de Causas. Justamente en esta área fue en la que se tramitó rápidamente la causa de abuso sexual.

En tanto, Cozzi habría recibido escritos y presentaciones judiciales en el caso del delito sexual por parte de Ortega.  A la abogada se le secuestró una computadora y su celular en el cual habría información que complicaría a ambos.

El empleado judicial hizo valer sus influencias para que la causa se tramitara rápidamente y que se realizara una pericia oficial. Este estudio reveló que la niña no presentaba ningún rastro de abuso sexual. No contentos con eso, Cozzi y Elizondo lograron que se diera lugar a un análisis psicológico privado, el cual fue realizado por Delia Sobrero, también conocida de Ortega.

El abogado del ese entonces acuasado cuestionó la designación de la perito privada, lo que fue rechazada por el juez interviniente en base un proyecto de resolución redactado por Elizondo. El defensor apeló y se concedió la medida, aunque la causa, ya en manos de Rodríguez, nunca fue enviada a la Cámara de Apelación.