El martes pasado, en medio de las investigaciones del presunto desvío millonario de fondos del Ministerio de Turismo de la anterior gestión, se supo que los acusados de dicha operación recibieron una extensión de ocho meses para continuar siendo investigados. Bajo sospecha se encuentra un exempleado de la repartición, identificado como Matías López, por haber llevado adelante una serie de maniobras en la carga de combustible de las movilidades oficiales, en supuesta complicidad con seis playeros de una estación de servicio, para sacar de las cuentas del Estado 5,3 millones de pesos. Los representantes del Ministerio Público apuntan a determinar, en el nuevo plazo, si el monto de la estafa es aún mayor.

La extensión de la investigación la concedió el juez de Garantías, Gabriel Meglioli, y lo presentó el fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzz. El argumento del juez fue que “amerita este  tipo de prórroga porque debe saberse a ciencia cierta cuál es el perjuicio fiscal y patrimonial, el cual debe ser determinado para proteger el erario provincial”.

La primera audiencia de la causa, la de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), se había dado el 10 de noviembre de 2023, luego de la denuncia que hiciera el apoderado de la firma Santa Clara, una estación de servicio YPF ubicada en calle Salta y Rivadavia. Además de López, en la mira quedaron los empleados Gabriel Cabrera, Alejandro Díaz, Leandro Menéndez, Hugo Pérez, Walter Rojas y Gabriel Rosales.

En esa audiencia, los representantes del Ministerio Público habían obtenido un plazo de investigación de 10 meses, el cual vence el próximo 10 de septiembre. Durante ese período, una pericia contable, presentada el 1 de julio de este año, determinó que el fraude al Estado asciende a 5.332.139 pesos.

De todas formas, el fiscal Pizarro señaló en la audiencia de ayer que, dentro de los ocho meses extra que han conseguido, se están investigando otras “prácticas” y que es probable que surjan “nuevos montos”.

Según la investigación, los vehículos del Ministerio de Turismo eran los que estaban habilitados para utilizar el mecanismo de pago Ticket Car - Edenred, a través de la identificación de obleas, donde López, quien llevaba ocho años trabajando en la repartición pública, arribaba a la estación de servicios con movilidades particulares, a las que les habría cargado combustible. Además, en otros casos cargaba nafta Súper o Diesel, pero en los pagos figuraba que se realizaron por Infinia Diesel e Infinia Nafta.

De esa manera, se generaba un “saldo a favor” de López, al que los empleados de la estación de servicio se lo “canjeaban” con dinero efectivo, el que provenía de otras operaciones sí realizadas con otros clientes. De manera paralela, se alteraba el sistema Edenred con las supuestas ventas a los vehículos del Ministerio de Turismo. Así, el Estado terminaba pagando de más.

En la investigación inicial, las maniobras se registraron en julio de 2023, por lo que los fiscales apuntan a sumar otros meses. López intervino en todas las operaciones que arrojaron el total de poco más de 5,3 millones de pesos, mientras que los trabajadores están involucrados en distintas transacciones, aunque de menores volúmenes. De acuerdo a las pericias, cada uno quedó implicado en diversos montos: para Cabrera en operaciones por 1.155.473 pesos, Díaz en 1.011.466, Menéndez en 478.793, Pérez en 1.221.285, Rojas en 535.751 y Rosales en 929.368 pesos.

Por parte de los trabajadores de la playa , todos fueron despedidos, salvo Menéndez, quien, según las fuentes, es delegado gremial, pero sobre el que pesa un pedido de desafuero gremial, el cual está en trámite.