El polémico caso de un electricista de 35 años condenado a 12 años de prisión por violar a su propia hija, una menor de entre 13 años,  volvió a generar controversia en los pasillos del Poder Judicial. Esto se debe a que la Corte de Justicia confirmó la sentencia, pero el acusado, liberado tras el castigo, no pudo ser encontrado por la policía cuando intentaron detenerlo para que cumpliera la pena.

Si bien el caso salió a la luz el 11 de enero de 2022, cuando la víctima denunció los abusos llamando al 911 desde una estación de servicio. La madre de la menor no creyó la acusación, defendiendo al padre, lo que llevó a la joven a ser trasladada a un hogar del Estado.

El proceso judicial fue controversial desde el principio, ya que la madre no creyó las acusaciones y defendió al acusado. La menor fue enviada a un Hogar de Menores, mientras que el padre regresó a su hogar. Tras un juicio que concluyó el 13 de febrero, el electricista fue condenado a 14 años de prisión, pero su defensor logró que fuera liberado el 16 de marzo. El tribunal confirmó la condena el 5 de julio, reduciendo la pena a 12 años.

A pesar de la condena confirmada, el acusado permanece en libertad, ya que la Defensa solicitó llegar a la Corte de Justicia, alegando que el fallo no estaba firme. Sin embargo, el máximo tribunal rechazó el planteo el 6 de diciembre. Ese día, los jueces que condenaron al acusado ordenaron su detención para que cumpliera la condena de 12 años. Sin embargo, la policía no pudo ubicarlo, desatando nuevas críticas hacia los magistrados que permitieron su liberación bajo el argumento de que el fallo no estaba firme.

El acusado ha pasado dos meses en prisión en total, siendo liberado en ambas ocasiones tras apelaciones en el Tribunal de Impugnación. La situación plantea cuestionamientos sobre la efectividad del sistema judicial en casos de abuso sexual y la protección de las víctimas.