Panamá vive momentos decisivos en cuanto a la continuidad de la explotación de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica. El congreso aprobó la continuidad y el Ejecutivo lo apoyó pero en medio hay presentaciones judiciales que podrían definir la situación. Todo se da en medio de un clima de ebullición social con la gente manifestando en las calles. 

El pasado viernes 3 de noviembre el congreso de Panamá aprobó la continuidad de la concesión de áreas mineras en ese país a la canadiense First Quantum Minerals para la explotación a cielo abierto del cobre. 

Todo se dio en medio de intensas manifestaciones populares que duraron más de una semana mientras se tomaban las decisiones que terminaron con la ratificación del Presidente de la Nación Laurentino Cortizo de la votación del Congreso sobre el tema.

El congreso aprobó con 44 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones que se le otorguen a la subsidiaria Minera Panamá (de Quantum Minerals) derechos para la explotación de cobre hasta el año 2037 con opción a continuar desde ese entonces 20 años más con el proyecto. 

La controversia surge porque un tribunal inferior de justicia había fallado contra esta decisión y esto fue ratificado por la Corte de ese país en el año 2021. 

La aprobación de la semana pasada se produjo en medio de bloqueos y manifestaciones de diversos sindicatos y grupos ambientalistas. En una de ellas los manifestantes señalaron que "nos estamos apoderando de la calle y no nos vamos a ir hasta que se derogue un contrato minero, que no fue consultado con la ciudadanía, que es totalmente abusivo, y con el que en solo tres días el Gobierno panameño aprobó la destrucción de 40 años de nuestro país".

Mientras tanto desde el Gobierno del Presidente Cortizo, establecieron en marzo de este año que gracias a este contrato el fisco percibirá 375 millones de dólares con supervisión estatal sobre las operaciones, algo que no conformó a quienes están en contra de la explotación asegurando que incluso se ponen en  en riesgo áreas naturales protegidas de Panamá como el "Corredor Biológico Mesoamericano, que contiene la biodiversidad más rica de 8 países”, según aseguraron. 

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El viernes 3 de noviembre el máximo tribunal de justicia de Panamá consideró la posibilidad de tratar una segunda demanda judicial en contra del convenio firmado entre el gobierno de ese país, aprobado por el Congreso. La actividad minera en cuestión representa para el país centroamericano un 5% de su economía. 

El presidente de Panamá aclaró una vez aprobado este polémico proyecto que no hay más lugar para nuevos convenios con mineras. Esto, según el presidente Cortizo, será aplicado a todos los proyectos incluso los que actualmente están buscando algún tipo de aprobación. 

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Con información de DW y France 24