Nuevamente en el foco, en medio de la tormenta. Y esta vez no por su comportamiento poco cordial con algún colega. Sino por una denuncia de corrupción. Se trata de Krist Naranjo, la gobernadora de cercana Región de Coquimbo, un lugar que se une en lazos a los sanjuaninos a través de la cordillera.

En San Juan y en Coquimbo dio muestras de una actitud un tanto polémica. El último registro fue un desaire al gobernador Marcelo Orrego hace algunas semanas atrás, en su primera visita al país hermano. Un hecho que significó un llamado de atención de los concejales chilenos en aquel momento hacia su actitud. Pero esta no fue la única con funcionarios sanjuaninos, sino también la administración anterior comandada por Sergio Uñac, pasó por alguna situación con las mismas características.

La realidad es que otra vez está en la mira Krist Naranjo pero esta vez es por una denuncia de corrupción que cayó sobre ella. Según menciona el Diario El Día de la Región de Coquimbo, se trata del ‘mayor escándalo en la administración pública de la Región, hechos que escalaron a la Fiscalía Nacional’.

Naranjo fue denunciada por el delito de extorsión en la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, acción interpuesta por el diputado Juan Manuel Fuenzalida. En el escrito se denuncia un actuar que podría constituir graves faltas a la probidad.

El medio de comunicación trasandino cuenta que ‘se acusa a Naranjo de pedir dinero a sus funcionarios de confianza, práctica que se habría repetido mes a mes. En conversación con nuestro medio, un trabajador que prefirió mantener en resguardo su identidad, cuenta que “si no pagas te amenaza con despedirte. Según dice, esa plata la ocupa en su campaña”’, consigna El Día de Chile.

La publicación también destaca que ‘la situación se transformó en una presión constante para su equipo de confianza, quienes debían aportar dinero de su sueldo base o bonos, especialmente aquellos beneficiados con la Función Crítica. “No solicitaba los dineros directamente, sino que lo hacía con terceros de confianza”’, explica, haciendo referencia a aquellos que por ser funcionarios de áreas esenciales para el funcionamiento de la administración, tenían un sueldo mayor.

Las extorsiones se vendrían dando desde julio de 2023, aproximadamente, cuando decidió ir a la reelección del cargo para lo cual dijo necesitar financiamiento.

“En aquel entonces reunió al ahora ex jefe de Gabinete, a la Administradora Regional, al exjefe de Prensa y a los jefes de División de Administración y Finanzas; Desarrollo Social y Humano; Planificación y de Presupuestos, para informarles que, a partir de ese entonces, ella rotaría los cuatro bonos de asignación crítica de un millón de pesos cada uno, entre la Administradora Regional, el jefe de prensa y jefes de división, para lo cual debían de pagarle 500 mil pesos mensuales cada uno para su campaña. En tanto, el ex jefe de gabinete, en calidad de honorarios, debía pagarle $50.000 mensuales, ya que no tenía derecho al citado bono y el ingreso remuneracional era muy bajo comparado con el resto de las jefaturas”, cuenta El Día que señala uno de los denunciantes.

Hasta diciembre del año pasado, se estima que la gobernadora habría recibido un mínimo de $10 millones, práctica que habría continuado utilizando con sus nuevas contrataciones para su equipo de gabinete.

‘Espero que la justicia actúe rápidamente, porque seguimos esperando sentencia de la Corte Suprema que confirme suspensión del cargo’, afirmó el senador Daniel Núñez en su cuenta de X.

Consultada la Fiscalía Regional respecto a las denuncias, confirmaron que ‘hay una (denuncia) presentada por un diputado de la República. La causa está con orden de investigar en La Serena’, reflejó el medio chileno.