La Corte Suprema de Brasil decidió este jueves que la prisión de una persona condenada solamente en segunda instancia es inconstitucional, lo que puede llevar a liberar a miles de presos, entre ellos al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El equipo que defiende al ex mandatario ya anticipó que pedirá su “liberación inmediata”.

“Una vez que conversemos con Lula este viernes, llevaremos al juez de ejecución de penas un pedido para su liberación inmediata, con base al resultado de ese juicio del Supremo Tribunal Federal (STF)”, informó el bufé Teixeira Martins en un comunicado.

La decisión, adoptada por un ajustado resultado de 6 votos frente a 5, fue la conclusión de un complejo juicio en el que el tribunal alteró finalmente una jurisprudencia establecida en 2016, según la cual un condenado en segunda instancia ya podía ingresar a prisión, aún con apelaciones pendientes en otros dos tribunales superiores.

Sin embargo, según se decidió este jueves, una pena de prisión sólo podrá ejecutarse cuando acabe todo el proceso de apelaciones, que en el caso de Lula, en la cárcel desde abril de 2018 y condenado a ocho años, aún contempla un último recurso, ya presentado y aún no juzgado en la propia Corte Suprema.

La votación había quedado empatada 5 a 5, con lo cual la responsabilidad del desempate recayó en el presidente del tribunal, José Antonio Dias Toffoli.

Ahora, las cortes deberán examinar la situación de 4.895 personas. No todas podrían ser liberadas, porque los casos de mayor peligrosidad tendrían dictada prisión preventiva. Entre los posibles beneficiarios hay 38 condenados -además del ex presidente- por la investigación Lava Jato, que descubrió una trama de corrupción en torno a la petrolera estatal Petrobras.

La liberación de Lula no lo habilitaría electoralmente, dado que un condenado en segunda instancia no puede ser candidato hasta ocho años después de cumplir la sentencia. Pero el STF podría modificar también esa norma.

Quienes abogaban por el encarcelamiento después de la segunda instancia invocaban la lucha contra la impunidad, en un país donde las personas capaces de pagarse buenos abogados podían arrastrar sus procesos hasta el plazo de prescripción.

Los partidarios de modificar la norma defendieron, en cambio, el respeto a la presunción de inocencia y la letra de la Constitución.

La organización Vem Pra Rua (VPR), muy activa en las movilizaciones que en 2016 condujeron a la destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, cuestionó la integridad de Toffoli y convocó a marchas para el sábado en todo el país.

Toffoli había recibido antes de la votación una petición de 42 de los 81 senadores y de unos 70 de los 513 diputados para mantener la norma actual.

Lula fue condenado como beneficiario de un apartamento en el litoral de Sao Paulo, ofrecido por una constructora a cambio de contratos en Petrobras.

Pero el ex sindicalista niega los cargos y se considera un “preso político”, víctima de una manipulación judicial para impedirle presentarse a los comicios presidenciales de 2018, en los que resultó elegido el ultraderechista Jair Bolsonaro.

Su postura ganó fuerza cuando Bolsonaro designó ministro de Justicia al juez Sergio Moro, emblema de Lava Jato y autor de la primera condena contra Lula.

Lula ve en esa designación una prueba de la parcialidad de Moro y exige la anulación del juicio.

El prestigio de Lava Lato se siguió erosionando con las filtraciones del portal periodístico The Intercept Brasil sobre conversaciones que parecen mostrar connivencias entre Moro y los fiscales de la investigación.

Fuente: Infobae con información de AFP