Este martes, en diálogo con Canal 13, el empresario Nahuel Kümmel expuso la delicada situación que enfrenta con su negocio familiar, un restó llamado ‘Bodegón de Kümmel’. El integrante de la familia denuncia que la nueva gestión municipal en Calingasta está intentando revocar la habilitación que ya había sido aprobada en 2020, cuando el emprendimiento comenzó a funcionar.  

Kümmel relató que el restaurante nació como una reinvención familiar durante la pandemia: “En 2020, en pleno contexto de pandemia, mi familia decidió emprender este proyecto gastronómico para reinventarnos. Realizamos todos los trámites necesarios para obtener la habilitación municipal, la cual fue aprobada, y logramos inaugurar el negocio el 9 de julio de ese mismo año”.  

Desde entonces, el negocio había funcionado de manera regular, contribuyendo al desarrollo turístico del departamento de Calingasta. Sin embargo, tras el cambio de gestión municipal en diciembre de 2023, la situación dio un giro inesperado. Según el empresario, el 18 de diciembre del año pasado, el nuevo gobierno local firmó una resolución que daba de baja la habilitación, basándose en información desactualizada que atribuía el legajo a su abuelo, cuando en realidad el titular era él desde 2020.  

Kümmel denunció no haber recibido ninguna documentación formal que explique o justifique la decisión de revocar la habilitación:  

  • “No hay ningún documento fehaciente que respalde este accionar del municipio. A pesar de que contamos con todos los papeles en regla y constancias de las visitas municipales, seguimos trabajando sin una habilitación formal, lo que nos pone en riesgo de clausura en cualquier momento”.  

Esta situación ha generado una gran incertidumbre, no solo para el negocio, sino también para la familia Kümmel, compuesta por cuatro personas que dependen económicamente del restaurante.  

En un intento por resolver el conflicto, Kümmel y su familia se reunieron con representantes del gobierno local, incluidos Carbajal y el secretario de Turismo, Mauro Olivera. Sin embargo, hasta el momento no se logró una solución definitiva.  

Mientras tanto, la familia iniciaron acciones legales para proteger su fuente de ingresos y responsabiliza a la nueva gestión municipal por los perjuicios causados: “Estamos trabajando, pero para el municipio estamos sin habilitación. No podemos seguir así, y hacemos responsable a esta nueva gestión por cualquier daño que suframos”.  

Por ahora, la situación sigue sin resolverse, y el riesgo de clausura mantiene en vilo tanto a la familia como a los trabajadores del establecimiento.

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