Un fallo judicial por un contrato irregular en la gestión de Franco Aranda obligó al municipio de Capital a pagar $300.000. Fue la decisión de la jueza Adriana Tettamanti, del Juzgado Contencioso Administrativo, tras la denuncia de una firma que había sido contratada para la construcción de 200 tapas de arbolado público.

La empresa LV aseguró que no cobró por ese trabajo, y que en su lugar le habían pagado a un supuesto representante, identificado como Manuel Míngez. Este sujeto cobró un cheque al portador y presentó una nota para darle de baja al contrato de LV. Luego, ofreció terminar el trabajo con una supuesta empresa propia llamada ARGEN GROUP y volvió a cobrar por el trabajo. Poco tiempo después, Míguez se suicidó. 

Por su parte, la empresa LV se presentó en la Justicia para reclamar el pago del contrato que habían firmado con la gestión de Aranda en el 2016 por concurso de precios.

A esta situación se refirió el secretario de Gobierno de Capital, Horacio Lucero, quien aseguró que se encuentran investigando el hecho ya que no se pudo determinar quién fue el funcionario que realizó la gestión irregular durante el Gobierno de Aranda.

Lucero, dijo que el intendente Emilio Biastrocchi pidió llegar hasta las últimas consecuencias para dilucidar este caso. “Se trata de un proceso judicial, algo que ya escapa al ámbito administrativo municipal y es una anomalía grave a un proceso vinculado a obras”, dijo en Canal 13.  

“No solamente está mal que un cobrador de apellido Mínguez, se haya presentado como representante. Lo primero que debía cotejarse era si tenía el poder que decía este hombre. Pero no se hizo. Y todo lo que sucede después en cuanto al abandono de la obra por parte de la empresa LV, el pago de un cheque a Mínguez, la posterior contratación directa a una empresa que supuestamente tenía como representante también a Mínguez. Es un sinfín de anomalías que la Justicia, de manera clara y concreta, definió como irregularidades graves en la gestión de Franco Aranda”, explicó Horacio Lucero.

“Nosotros venimos llevando una investigación de ciertos hechos en el ámbito administrativo. Evidentemente hubo ciertos manejos que ya se han terminado de plasmar en una sentencia judicial que la gestión de Baistrocchi va a tener que pagar debido a anomalías que rayan lo ilícito”, dijo el funcionario municipal.

“La manera en que se desenvolvió este proceso en la causa de LV fue llamativo. Una cuestión tan reclamada como las tapas de los árboles en el ámbito del microcentro quedó inconclusa. La obra se pagó a quien no se debía pagar y se volvió a pagar a otra empresa de Mínguez. Acá no podemos pecar de inocentes, sino que hubo una vinculación directa de quienes en ese momento intervinieron en este proceso administrativo y Mínguez. Evidentemente hubo una conexión directa de quienes tenían al área su cargo y esta persona”, analizó el Secretario de Gobierno.

Tras este fallo judicial, el Municipio busca llegar hasta las últimas consecuencias en busca del responsable. “El mandato del intendente es llegar al fin de todo este proceso. Encontramos anómalas y, teniendo en cuenta lo que la sentencia indica y en base a las otras investigaciones internas, sin duda que vamos a recurrir a la Justicia”, sostuvo Lucero.

“Este juicio es un gasto que le genera al Estado municipal por una cuestión que no amerita o no resiste ningún tipo de justificativo. Acá hubo una connivencia entre alguien del municipio de aquella época y Mínguez”, reiteró.

El caso:

El caso estalló luego de la denuncia de la empresa LV. La compañía había ganado mediante un concurso de precios la fabricación y colocación de 200 tapas de arbolado público. Esta compañía aseguró en el Juzgado Contencioso Administrativo de la jueza Adriana Tettamanti que no cobró el trabajo y que en su lugar le habían pagado a un supuesto representante, identificado como Manuel Míngez.

En el medio, la tarea se interrumpió luego del representante trucho presentara una nota en el municipio. Posteriormente, Mínguez ofreció una supuesta empresa de su propiedad (ARGN GROUP) para terminar el trabajo por el que este hombre volvió a cobrar. Tiempo después, Míngez se quitó la vida.

Ante esta situación, la empresa LV reclamó el pago de una indemnización por $700.000 que finalmente la jueza fijó en $300.000.