Un hecho totalmente indignante se produjo en horas de la noche del pasado viernes 23 de octubre en la provincia de Mendoza. Lo que sucedió fue que un total de 400 jóvenes protagonizaron una fiesta clandestina, llevada a cabo sobre una huella en el inicio de la Ruta Panamericana. 

Una masiva fiesta clandestina se llevó a cabo durante la noche del viernes en una huella ubicada entre el Corredor del Oeste Juan Domingo Perón y el inicio de la Ruta Panamericana. Un grupo de efectivos policiales llegó al lugar gracias a la denuncia de algunos testigos. Una vez allí los uniformados encontraron a una gran cantidad de jóvenes bailando alrededor de un fogón, con música a un alto volumen.

Debido a esto los policías que estaban en el lugar comenzaron a desalojar a los participantes. Si bien algunos de los presentes se enfurecieron y comenzaron a arrojarle piedras a las autoridades, este conflicto no pasó a mayores. Una vez que todos los fiesteros se retiraron del lugar, los oficiales continuaban escuchando música a lo lejos por lo que decidieron seguir investigando para ver de que se trataba.

Luego de moverse unos 300 metros del lugar donde se encontraban, los funcionarios se toparon con otro festejo con mucha más concurrencia. Este evento evidentemente fue planificado con tiempo, ya que contaba con un DJ, parlantes de gran tamaño, luces de color y hasta máquinas de humo. Ante esta situación los policías ordenaron inmediatamente que los presentes desalojaran el lugar. Afortunadamente en esta ocasión los irresponsables no se alteraron y se retiraron tranquilamente.

Se trataba de unas 400 personas de entre 18 y 30 años de edad, que se habían trasladados al lugar en unas 150 camionetas muy lujosas. De todos los presentes solamente quedaron detenidos tres, se retuvieron dos vehículos  y se redactaron 16 actas viales.

Finalmente desde el Ministerio Público Fiscal revelaron que parte de los fiesteros ya pudieron identificados Estas personas serán imputadas por el artículo 205 del Código Penal, el cual reza que: "Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.