La CGT anunció un paro general para el 24 de enero para protestar por las medidas económicas, el DNU y la Ley Ómnibus que el presidente Javier Milei impulsó. Ante ese siempre complicado y paralizante panorama, el Gobierno ya tendría jugada su ficha secreta para debilitar a la CGT, según informó Infobae.

Según aseguran fuentes cercanas al oficialismo, el diálogo entre ellos y la CGT no está roto pese al anuncio de paro de 12 horas con movilización. En ese contexto, desde Casa Rosada se prepara una estratega para desgastar al gremialismo, la cual obligará a sus dirigentes a apelar a la intervención oficial para no perder una de las fórmulas de financiamiento más afianzadas del poder sindical.

El presidente se mostraría dispuesto a recibir a la CGT para impedir que se profundice el conflicto. Según el medio nacional, ‘es lo que comunicaron reservadamente voceros gubernamentales luego de que los duros de la central obrera lograron imponer una protesta contra el Gobierno para frenar el DNU y la Ley Ómnibus que disponen fuertes cambios laborales, económicos y sociales’

Así las cosas, buscando debilitar a la CGT, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, comenzó a desplegar un plan que combina el diálogo con una jugada disuasiva que, en el fondo, apunta a ir ablandando a la dirigencia gremial más rebelde.

Los sindicalistas que quieran mantener sin cambios los millonarios aportes que reciben mediante las cuotas solidarias en los convenios deberán pedírselo expresamente a los funcionarios laborales.

Es lo que hizo el miércoles pasado el líder de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), Armando Cavalieri, al plantearle una queja a Pettovello y el secretario de Trabajo, Omar Yasín, quienes le prometieron que iban a solucionar el grave problema generado al aparato sindical por el DNU: la limitación en el pago de las cuotas solidarias, que son aportes adicionales para los gremios que pagan afiliados y no afiliados a través de los convenios colectivos.