'¡El rey está desnudo!', dijo el niño del cuento clásico y quedó la moraleja: por mucho que se intente camuflar la realidad, tarde o temprano alguien se da cuenta. Incluso el más inocente. El relato calza a la perfección por estas horas. Los 19 intendentes serán puestos a prueba. Aún con ayuda de la provincia para pagar un aumento de salarios fuera de presupuesto, quedarán expuestas las administraciones más ordenadas y las más comprometidas.

Cuando en 2018 se sancionó la ley de coparticipación municipal, los intendentes ganaron autonomía como nunca antes. Quedaron en igualdad de condiciones con respecto a la provincia. Cada peso que entra por coparticipación federal gotea a los 19 departamentos de acuerdo a un índice preestablecido. De manera tal que ya nadie puede acusar al gobernador de turno por los padecimientos presupuestarios. El que gasta de más, tarde o temprano quedará al desnudo, como el rey del cuento.

El forzoso aumento salarial del 40 por ciento en una sola cuota, obtenido por los estatales gracias a la protesta de los docentes autoconvocados, desafió al gobierno provincial a acomodar el presupuesto. Reasignar partidas, a costa de ralentizar la obra pública. No se frenará ninguno de los proyectos ya en ejecución, pero toda nueva piedra basal tendrá que pasar por muchos filtros. 

Dicho de otro modo: son épocas de vacas flacas. La plata que hay, está priorizada para el funcionamiento del Estado y eso incluye el pago de salarios, afectados como nunca por una inflación desbocada. El ministro de Economía de Nación, Martín Guzmán, presentó este jueves una meta inflacionaria muy optimista del 62 por ciento para fin de año. El gobierno de Alberto Fernández admitió que es una cifra demasiado ambiciosa. Es decir, hay que prepararse para una escalada cercana al 70 por ciento.

La presión de los autoconvocados derivó en un aumento semestral del 65 por ciento, poniendo a los salarios sanjuaninos muy por encima de la inflación acumulada. Pero, como se sabe, esta relación es provisoria. En septiembre habrá una nueva revisión, según se acordó en paritarias.

Este tsunami iba a mojar a los municipios, inevitablemente. El gobierno de Sergio Uñac tenía la opción de dejar que cada intendente se arreglara con sus propios recursos, pero sería comprarse un conflicto a corto plazo con los propios y con los opositores. La decisión más sensata era darles un refuerzo de recursos para apaciguar el clima social. Políticamente, es una inversión más que justificada. Implica evitar cualquier foco de protesta, en un contexto altamente combustible.

Desde el momento inicial el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent, quedó a cargo de establecer el vínculo con los 19 municipios para sacar cuentas. Hubiera sido fácil gatillar una partida según el índice de coparticipación, pero eso no necesariamente resuelve el problema, porque las plantas de personal son muy diversas y no necesariamente son proporcionales a la cantidad de habitantes que tiene cada departamento. Hay trabajadores en planta permanente, contratados y becarios, con condiciones muy disímiles entre sí.

Para homogeneizar el criterio, se optó por dividir la ayuda de acuerdo a dos criterios: la mitad por el índice de coparticipación y la otra mitad por la cantidad de personal. La ministra de Hacienda, Marisa López, anunció que les van a transferir de inmediato unos 230 millones de pesos para que puedan pagar el sueldo de junio y el medio aguinaldo con el aumento del 40 por ciento. Y de julio en adelante seguirán asistiéndolos con un monto estimado en 700 millones de pesos.

No pretende el gobierno provincial solventar enteramente el aumento de sueldos municipales. La idea -y así se expuso- es que el esfuerzo sea compartido, que los intendentes también tengan que ajustar sus presupuestos, agudizar el ingenio, demorar obras tal vez. Es ahí donde aparecerá con nitidez el equilibrio financiero de cada uno.

Desde el arranque la transferencia será imputada al Fondo de Emergencia Municipal, que es una retención que se hace de la coparticipación a los departamentos. Por ese motivo, el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, había anticipado que no estaba de acuerdo con esa modalidad, porque son recursos que ya les corresponden. 

Conocedora de esta objeción, la ministra López aclaró que este fondo, más conocido como FEM, es resorte del Poder Ejecutivo Provincial. Por lo tanto, sigue siendo una decisión del gobernador Uñac activar los recursos en situación de emergencia. Pudo haber sido una catástrofe natural, pero esta vez fue una catástrofe económica. Vale igualmente el criterio de asistencia.

Entonces, aunque son fondos municipales, dependía de Uñac gatillar el desembolso o pisarlo. Los intendentes hubieran preferido que la ayuda llegara por afuera del FEM. Pero, como ya se dijo más arriba, son épocas de vacas flacas.

Más allá de la ayuda provincial, cada intendente tendrá que hacer su propio anuncio en cada distrito. Y ver desde ahora en adelante cómo sostener los compromisos asumidos. Habrá una resta significativa en la caja. El impacto podrá ser mayor o menor según la prolijidad previa con la que hayan manejado sus finanzas. El remezón será importante, en cualquier caso.

La conferencia de la ministra López tendrá onda expansiva. Los intendentes no podrán demorar la confirmación de un aumento idéntico al que otorgó la provincia. La liquidación es inminente, empezando por los aguinaldos.

Junio está jugado y, de alguna manera, resuelto. El problema se presenta a futuro. Por un lado tener las previsiones para atender el mayor impacto de la grilla salarial en el segundo semestre. Por otro lado, comprender que los números son provisorios y están atados a una inflación traicionera. Todo, en la víspera de un año electoral, donde las medidas pueden resultar ingratas. Y algún intendente, quedar desnudo.


JAQUE MATE