Sergio Uñac dijo más de lo que dijo este lunes, cuando habló por primera vez sobre los intentos de saqueo en Rawson a 48 horas de los incidentes. Definió la actitud como 'sospechosa' y depositó en la investigación judicial la delicada misión de identificar a los instigadores, con la convicción de que hubo alguna mano política detrás del intento de desestabilización.

Porque eso fue, un intento de desestabilización. En un clima enrarecido por la corrida cambiaria y la remarcación de precios, las comparaciones con el 2001 no tardaron en aparecer. De todos modos, a diferencia de aquel estallido social cuando comenzaba el nuevo siglo, esta vez hay un impresionante dispositivo de planes alimentarios. Que San Juan sea pionera en un levantamiento popular esta vez, antes que los principales centros urbanos del país, efectivamente fue muy sospechoso.

Las horas subsiguientes fueron de extrema tensión. A eso obedeció la fuerte presencia policial en distintos supermercados del Gran San Juan. Los uniformados estaban preparados para resistir por todos los medios cualquier embate. Pero conforme pasó el tiempo, ese nerviosismo se fue disipando. Los primeros datos de la investigación revelaron una trama más sencilla de lo que se especuló en un comienzo.

¿Y si no hubiera una mano política detrás de los saqueos? Esa posibilidad se había instalado fuertemente al finalizar el lunes, cuando las planillas prontuariales de los detenidos empezaban a conocerse y analizarse. Se detectaron frondosos antecedentes por todos lados. Ese era el factor común: el delito, no la ideología o la militancia.

De no surgir alguna información novedosa este martes, que cambiara diametralmente el curso de la investigación, la principal hipótesis es que lisa y llanamente fue un grupo de delincuentes. Personas que aprovecharon una convocatoria realizada por alguien en redes sociales, para robar sin calcular consecuencias políticas.

No obastante, esta hipótesis igualmente conserva la figura de la instigación. Hubo quien se ocupó de hacer la convocatoria y viralizar el mensaje para incitar al saqueo. Pero quienes actuaron y luego fueron detenidos por la Policía no están identificados con ninguna agrupación en particular. Vale la reiteración: el factor común es que todos tienen antecedentes penales.

El gobernador convocó a su equipo involucrado en el operativo el pasado domingo. La bajada de línea fue clarísima: había que dejar un mensaje de escarmiento, para disuadir cualquier otro intento de saqueo. La única manera de lograr este efecto era actuar con mano de hierro y en ese sentido avanzaban tanto la Policía como la fiscal de Flagrancia Virginia Branca.

Los 21 detenidos por el intento de saqueo al Changomás como el saqueo perpetrado en la distribuidora de Villa Krause, tendrían que afrontar condenas privativas de la libertad. Es decir, cárcel efectiva. Sin ninguna posibilidad de zafar con tareas comunitarias o cualquier otro rebusque alternativo. Por supuesto esa es la postura de la fiscal pero el fallo dependerá el juez interviniente.

La audiencia judicial se llevará a cabo este miércoles de acuerdo a lo trascendido. Los imputados tendrán que rendir cuenta de sus actos y si llegara a estirarse la definición, la sugerencia del Poder Ejecutivo es trasladarlos al Penal de Chimbas para aliviar los calabozos de las comisarías donde están albergados desde el sábado.

Mandarlos al Servicio Penitenciario sería mucho más que una medida procesal. Que Uñac haya hecho el 'ofrecimiento' implicó dar un mensaje de tolerancia cero hacia este tipo de actitudes.

Este lunes a última hora había sentimientos encontrados en Gobierno. Por un lado, se percibía el alivio porque aparentemente ya pasó lo peor y no había el menor atisbo de que se repitieran los saqueos. Pero por otro lado, había un delicadísimo manejo de la comunicación para evitar los señalamientos políticos. 

Pudo ser grande la tentación de adelantar juicios de valor, acusar a un sector u otro de haber intentado desestabilizar con intención de dañar la gestión uñaquista. Pero se evitó terminantemente, para minimizar los daños. Lo último que necesitan es que este episodio agregue otra cuota de discordia a la interna peronista, por ejemplo.

'Evidentemente hubo incentivación de algunos dirigentes sociales, políticos', dijo Uñac en rueda de prensa. En efecto, alguien inició la convocatoria, aunque sin fuerza de choque propia. Aparentemente tiró la primera piedra en redes sociales y el resto corrió por cuenta de quienes vieron en el saqueo la posibilidad de cometer un delito. De hecho, uno de los detenidos fue sorprendido llevándose una computadora.

De los peritajes de los telefónos celulares debería salir la cadena de mandos del saqueo organizado. O podría desnudarse que no hubo tal cadena de mandos sino simplemente un par de cómplices alentándose mutuamente a arremeter, con la expectativa de confudirse en una multitud que no fue tal.

¿Y si no hubiera una mano política detrás de los saqueos? Primero habrá que agotar hasta la última instancia de la investigación para llegar a esa conclusión. Pero en el caso de que esa fuera la respuesta final, aún así habrá impactos políticos para medir.

En esa categoría política fue donde decidió jugar Uñac cuando el mismo domingo se puso en contacto con el ministro de Desarrollo Social de Nación, Juan Zabaleta, para pedir la baja de los planes sociales que pudieran beneficiar a los saqueadores. Este lunes el gobernador contrapuso a los delincuentes con los trabajadores que estaban en el interior del supermercado y seguramente temieron por su integridad.

'Puede que sea gente que no quiere trabajar', dijo Uñac en un mensaje sin medias tintas. E insistió en que hubo autores intelectuales detrás de la mano de obra delictiva. Ese es el verdadero objetivo a detectar. Por el momento las pruebas no estarían acompañando.

Pero sí se pudo verificar rápidamente que entre los 21 detenidos mayores de edad -aparte hubo 16 menores liberados la noche misma del sábado- no hay un solo beneficiario del programa Potenciar Trabajo que dependa del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia. Si se detecta que alguno de ellos tiene ese ingreso, es porque depende de alguna organización social. Y en tal caso, la ONG tendrá que rendir cuentas también.

Puede que no haya un alto grado de intelectualidad detrás de los saqueos. De todas maneras, la ocasión es propicia para cortar de raíz cualquier otro intento. El costo de la 'travesura' puede ser altísimo.


JAQUE MATE