La Universidad Nacional de San Juan cerró la semana pasada con un manotazo de ahogado, con las disculpas correspondientes por la chabacanería de la expresión. El Consejo Superior aprobó la prórroga del presupuesto 2023, ante la carencia de coordenadas para 2024. El plan es tirar hasta mayo. Después, Dios proveerá. Los recursos a esta altura se convirtieron casi en una experiencia religiosa.

La casa de altos estudios está atada a la política nacional sin filtros. Depende presupuestariamente de la lapicera de Javier Milei, quien hizo campaña y ganó las elecciones por aplastante mayoría cuestionando el sistema de universidades públicas. Todo lo que tenga financiamiento del Estado es y será susceptible de motosierra. 

Para el nuevo presidente, Estado es igual a política. Cuando dice que el ajuste recae un 70 por ciento sobre la política, está metiendo en la bolsa todo lo referido a la administración pública. Universidades incluidas.

Los intendentes se olvidaron momentáneamente de las pertenencias políticas y conformaron un scrum con Marcelo Orrego, por razones de fuerza mayor. Fue el saldo del primer encuentro mantenido el viernes pasado en Desamparados. Al salir de la reunión, el jefe rawsino Carlos Munisaga con la chimbera Daniela Rodríguez coincidieron a coro: le dieron su respaldo irrestricto al gobernador.

No fue un acuerdo desinteresado, en absoluto. A los intendentes les preocupa la administración, el pago de salarios y aguinaldos de su personal, pero también lo social. A ellos les tocará hacerle frente a la contención que, más temprano que tarde, será urgente. 

El plan económico nacional incluye un incremento de los índices de pobreza e indigencia, producto de la herencia recibida pero también de las medidas de shock. Es uno de los efectos indeseados de la estanflación. Milei ganó con su promesa de ajuste y en San Juan votaron esa receta seis de cada diez personas. 

Orrego tomó varias medidas de austeridad para mandar señales. Recortó el gasto político el 30 por ciento, derribó las designaciones de última hora que dejó Sergio Uñac y cortó los teléfonos corporativos de los funcionarios para generar ahorro. Si la austeridad empieza por casa, Orrego tendrá mejores argumentos para pedir racionalidad a los sindicatos. Hasta el SEP moderó su tono combativo después de una charla cordial con el flamante gobernador.

A los estatales les dio la garantía de continuidad de la cláusula gatillo, al menos en el sueldo de diciembre. Pensar a largo plazo hoy es imposible. La paritaria 2024 será mucho más discreta que las anteriores. No hay plata.

En apenas cinco días de gestión, Orrego estrechó vínculos con algunos sindicatos, cámaras empresarias e intendentes. Ató respaldos para viajar a Buenos Aires y reunirse este martes con Milei. ¿El presidente les pedirá a los gobernadores favores parlamentarios a cambio de darles un poco de oxígeno? Es previsible. Es una receta clásica de la política, propia de la 'casta'.

Milei, que tiene apenas un puñado de legisladores en ambas cámaras, necesitará el respaldo de los gobernadores para obtener mayorías que le permitan avanzar en las reformas estructurales que pretende. Solo trascendieron generalidades. Entre ellas, la derogación de la ley de movilidad jubilatoria más una reforma del Estado que imponga retiros voluntarios y privatizaciones a granel.

¿Por qué razón los gobernadores darían su consentimiento? Por la restitución del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría. Es decir, en los salarios. Recuperar ese tributo les permitiría mejorar la coparticipación. Es una negociación bastante simple en términos políticos.

Si las provincias tendrán que arreglárselas con sus propios recursos coparticipables, sin fondos para obra pública ni ningún otro aporte adicional, los gobernadores quedarán entre la espada y la pared.

Si Orrego recupera los fondos del impuesto a las ganancias, los intendentes también podrán celebrar. Los municipios están atados a ese mismo esquema distributivo. Aunque por lo alto digan que Milei está yendo en contra del derecho adquirido de los trabajadores, por lo bajo respirarán aliviados por la recuperación de recursos.

Que la provincia y los municipios recompongan sus presupuestos será también una buena noticia para el sector privado en San Juan. Valga nuevamente una expresión chabacana: los empresarios de la construcción están al horno. Ya durante los últimos meses de la era de Alberto Fernández empezaron los despidos de obreros temporarios, debido a la caída de la actividad. La transición agravó la situación: los barrios están parados. 

El miércoles de la semana pasada, los miembros de la Cámara Argentina de la Construcción, filial San Juan, se reunieron con Orrego y con el ministro de Obras, Fernando Perea. El tono de la conversación fue realmente llamativo. ¿Qué pidieron los empresarios? Que la provincia los ayude a custodiar las obras paralizadas para evitar el vandalismo, hasta que algún día se puedan retomar los trabajos. Así de bajas están las expectativas.

¿Y la UOCRA? Bien gracias. Aunque los salarios cayeron dramáticamente con la devaluación del 118 por ciento, los empresarios sugieren que no se les ocurra hablar de aumento. La meta ahora es perder la menor cantidad de puestos de trabajo.

Los industriales no están mejor. Ya estaban sobreviviendo en el último tramo de la presidencia de Fernández, pero el salto devaluatorio les pegó de lleno en los costos internos, según dijo en Banda Ancha el presidente de la cámara que los nuclea, Ricardo Palacios. La caída de la actividad prometida les pone por delante un panorama todavía más sombrío. 

El bajón de los constructores y los industriales contrasta con el festejo de la Cámara de Comercio Exterior. Su presidente, Antonio Giménez, valoró el 'sinceramiento' que implementó el ministro Luis Caputo. Falta un montón todavía para recuperar condiciones de competitividad óptimas, pero por ahora acompañan las decisiones de shock.

Al año le quedan dos semanas. Y esto recién empieza.

JAQUE MATE