Dos meses y 14 días restan para que Sergio Uñac le entregue el poder a Marcelo Orrego. Una eternidad. La transición que arrancó el 2 de julio por la noche empezó a levantar presión por costados insospechados. Hubo varios capítulos, algunos resueltos y otros en veremos. El más potente por ahora parece ser la obra pública. Pero brotó otro más, inesperado: la tarifa de colectivos.

La última vez que el gobierno de Uñac retocó el valor del pasaje fue en enero. No, no es un error de archivo. Desde entonces el importe para el usuario del transporte público se congeló, a expensas de una mayor contención tarifaria con susbidios mayoritariamente provinciales. Lo que no pone el usuario, lo termina aportando el gobierno.

No hace falta abundar en cifras para entender que este congelamiento está en situación terminal, con una inflación acumulada del 80 por ciento entre enero y agosto. Y contando. En el medio, los empresarios de ATAP suscribieron el compromiso de elevar los salarios de los choferes escalonadamente hasta alcanzar los 400.000 pesos iniciales a partir de octubre.

Si a esto se le agrega que en diciembre tendrán que pagar una grilla salarial y media, por el impacto de los aguinaldos, asoma una tormenta perfecta. Está probado el poder de daño que tiene una medida de fuerza de la UTA. No lo querría Uñac, que se está yendo, ni mucho menos Orrego, que está llegando.

Este lunes Uñac abordó el asunto en rueda de prensa. Dijo que no habrá aumento del boleto hasta después de las elecciones. Si se pudo esperar hasta ahora, la bomba puede seguir en el freezer un rato más. 

Esperar hasta después del 22 de octubre para aumentar la tarifa implica hacerlo a un mes del cambio de gobierno. ¿Por qué motivo Uñac asumiría el costo político de una medida tan ingrata? El valor del pasaje en San Juan es el más bajo del interior de la Argentina. Pero ese argumento nunca tranquilizó el malhumor cada vez que se aplicó una suba.

Por primera vez Uñac deslizó una posibilidad que hasta ahora no había trascendido: que la mala noticia del aumento del boleto quede reservada para el debut del nuevo gobierno. En léxico futbolero, Orrego tendría que empezar saltando y cabeceando. Afrontaría una difícil disyuntiva entre seguir estrujando el presupuesto provincial o trasladar parte de los mayores costos al usuario de colectivos.

Como el último aumento se aplicó en enero, mantener congelada la tarifa mucho tiempo más parece inviable. La encrucijada se complica todavía más con otro factor: la inflación anualizada. De agosto de 2022 a agosto de 2023, el IPC superó el 124 por ciento. Trasladar ese índice automáticamente al valor del boleto sería impensable. O no.

La gestión de Orrego dependerá mucho de quién gane las elecciones presidenciales. Según los modelos en discusión, vendrán tiempos de mayor o menor ajuste hacia las provincias. Uñac dijo el sábado pasado en una entrevista en Radio Sarmiento que, a pesar de las dificultades, entregará la administración con superávit. 

Sin embargo, el compromiso de recursos es elevadísimo y la proyección de coparticipación hoy tiene un gran signo de interrogación por delante. Sobre todo, después de la resignación de Ganancias en los salarios más elevados y la devolución del IVA en compras de alimentos.

El tema del boleto de colectivos es una espina más en una transición eterna que ha transcurrido entre buenos modales -salvo alguna escaramuza por la designación de funcionarios judiciales- y muchas indefiniciones. Uñac quiso involucrar a Orrego en la paritaria con docentes y estatales, pero el gobernador electo prefirió mantenerse al margen. El saldo fue una recomposición salarial acompasada con la inflación que siguió y seguirá inflando la grilla prevista para los meses futuros.

Orrego tendrá que debutar tempranamente con esta situación, de todos modos. Asumirá el 10 de diciembre y en febrero tendrá que sentarse con los sindicatos para establecer las reglas del 2024. Esa discusión tendrá una vara elevada: quedar siempre 5 puntos por encima del IPC oficialmente medido por el INDEC. Al menos ese fue el criterio acordado con la gestión saliente.

En paralelo, los empresarios de la construcción se mostraron inquietos por el corte del pago de certificados de obra pública, debido al traspaso de mando. Según dijo el propio Uñac, dejará cancelados los montos devengados hasta septiembre, allá por noviembre. Por lo tanto, los importes correspondientes a octubre en adelante quedarán a cargo de la administración orreguista. Pero el nuevo gobierno, naturalmente, estudiará cada expediente antes de activar los desembolsos. Eso podría generar una demora administrativa. Seguramente sucederá.

Con cautela pero con firmeza, la candidata a diputada nacional Nancy Picón dijo la semana pasada en Banda Ancha que entienden la preocupación de los empresarios de la construcción. Pero ratificó lo obvio: Orrego mirará en detalle los números. La UOCRA está expectante, porque el eventual parate de la obra pública automáticamente frenaría la mano de obra.

Frente a este panorama, la realización de la Vuelta a San Juan y la Fiesta Nacional del Sol parecen cosa vieja. Pero no, en absoluto. Si hubo definición en ambos casos, todavía no trascendió. La competencia ciclística está encaminada a perder el rango internacional, porque los recursos no acompañan. Y la celebración mayor de los sanjuaninos no tiene tema, mucho menos guión o estructura tentativa, cuando tradicionalmente los preparativos arrancaban en agosto a más tardar.

Efectos colaterales de la transición eterna que, más allá de la cordialidad, no es precisamente un camino de rosas.


JAQUE MATE